La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este lunes ante 20 representantes de varios colectivos sociales el informe encargado por el partido nacionalista y elaborado por dos expertos de la Universidade de A Coruña, Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, sobre la valoración económica de la AP-9.
"El rescate de la AP-9 es viable y también la mejor opción económica", ha sentenciado Pontón en declaraciones a los medios realizadas tras la reunión celebrada en Vigo. Así se extrae de un informe que se refiere a "un sentir mayoritario de los gallegos y especialmente de los vigueses y vecinos de su comarca" y que responde a la necesidad de tratar el rescate de la autopista con "rigor y certeza".
En el informe se realiza un análisis jurídico y otro económico sobre el estado de la AP-9 y su posible transferencia. Según el primero, la ampliación de la prórroga, de 39 a 75 años, sería "ilegal" al tratarse de un cambio sustancial del contrato; es decir, se tendría que haber licitado de nuevo para que pudiesen concurrir nuevas empresas.
Sin derecho a lucro cesante
Esto provocaría la anulación del contrato que, al ser ilegal, Audasa no tendría derecho a cobrar el lucro cesante, es decir, aquello que dejará de ganar, por lo que se abarataría la operación; una posición que, según indica el informe, está avalada por otras sentencias del Tribunal Supremo.
Por ello, el Gobierno no tendría que esperar a que la Unión Europea resolviese sobre la ilegalidad de la prórroga, pudiendo acatar la primera resolución. Así, Pontón ha invitado al Gobierno central a que "aproveche la puerta que ha abierto la Comisión Europea".
904,7 millones de euros, valor de mercado
En cuanto al coste del rescate, el informe señala que sería de 904,7 millones de euros, una cantidad alejada de los 4.000 millones que calculó en su momento el Partido Popular, los 6.000 a los que ha hecho referencia el ministro de Transportes, Óscar Puentes, y de los 2.355 millones que señala el informe encargado por la Xunta de Galicia a una auditoría que, señala Pontón, también trabaja para Audasa, lo que conlleva un "conflicto de intereses".
Según la líder nacionalista, esta cantidad es el "valor de mercado", calculado con la actualización del IPC, y ha lamentado que los gobiernos español y gallego pretendan que se pague más por la infraestructura "que un fondo buitre".
Además, Pontón ha hecho hincapié en los "peajes en la sombra" a pagar hasta 2048, que ascienden hasta los 2.844 millones de euros, por lo que el mantenimiento de la infraestructura en manos de Audasa "cuesta igual que rescatarla".
"Esto demuestra que el rescate y transferencia de la AP-9 es viable y también la mejor opción económica", ha manifestado la líder del BNG, que ha asegurado que se trata de una "cuestión de voluntad política" más allá de lo económico y que ya es hora de que "Galicia tome el control" para la gestión de la autopista.