VIGO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –
Un estudio realizado por la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) asegura que la zona industrial de Monte Faquiña es "exageradamente" más cara que cualquier otra de su entorno, una vez aplicado el canon que pretende imponer la comunidad de montes de Tameiga, llegando a tener un precio siete veces mayor que las ofertas de Valença do Miño.
"Monte Faquiña es hoy nada menos que siete veces más cara que la opción menos económica de las ofertas en Valença do Minho, un territorio hacia el que están estudiando desplazarse numerosas empresas de Tameiga y Cabral precisamente por la presión de las comunidades de montes", han reivindicado desde Aemos en un comunicado.
Así, el informe compara los precios que se impondrían en Monte Faquiña con cuatro áreas empresariales de la zona: terrenos de la comunidad de montes de Dornelas (adyacentes al polígono de Monte Faquiña), suelo de comunidades vecinales de Valença do Minho, polígono industrial de A Veigadaña y Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan).
Por ejemplo, una parcela de 5.000 metros cuadrados, con 4.000 metros edificables, costaría 4.900 euros al año en Dornelas, 20.000 euros en Valença, 11.250 euros en Pemos, 8.950 euros en la Plisan y 147.600 euros de quedarse en Monte Faquiña.
El trabajo explica que en el caso de Valença se asumió la oferta más cara de cuantas se pusieron sobre la mesa en las visitas realizadas a Portugal, ya que la propia Câmara Municipal aseguró que existía suelo disponible a un precio simbólico de 1 euro el metro cuadrado.
"Irracional posición"
"Aemos entiende que el informe refleja con claridad la irracional posición de los comuneros de Tameiga frente a un mercado tremendamente competitivo y lamenta que su postura suponga un freno para la captación de nuevas inversiones empresariales, tanto por precio como sobre todo por inseguridad jurídica", han criticado.
Los empresarios de Mos han recordado que tanto en el caso de Tameiga como en Cabral, la problemática surgió a raíz de que los tribunales otorgaron la propiedad del suelo que ocupan las empresas a las comunidades de montes.
A partir de ahí, los comuneros decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello con las compañías, "que realizaron millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio".