Ayer finalizó sin acuerdo el período de consultas del ERE presentado por Barreras, que supondrá el despido de 100 trabajadores. Las centrales sindicales rechazaron la propuesta de la administración concursal, que fijaba unas indemnizaciones por rescisión de contrato de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

La CIG-Industria está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la propiedad del astillero vigués al entender que actuó "de mala fe" durante todo el proceso. Según explican desde la federación de Industria, la actitud de las compañías propietarias de Barreras quedó
clara desde lo principio, ya que no quisieron participar en las negociaciones.

"Estábamos negociando con la administración concursal, pero desde la representación sindical solicitamos que había participado también la propiedad; entonces vinieron pero porque los obligamos, como así lo dejaron claro, pero se negaron a presentar ninguna propuesta", critica Quique Fernández, de la CIG-Industria de Vigo.

Por eso desde la central sindical consideran que actúan de mala fe, "sin voluntad de llegar a acuerdos, cuando son responsables directos de la situación en la que se encuentra el astillero y de su descapitalización". La intención de la CIG desde el primer momento era demostrar que existe una unidad empresarial en la propiedad para que se tuviera que hacer cargo de las indemnizaciones.

Ahora solo falta que se haga público el auto de los despidos, tras lo que la central sindical iniciaría las acciones legales oportunas para que se depuren las responsabilidades pertinentes.