Bruselas anunció este miércoles que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral, alegando que cree que las prórrogas sin justificación son "contrarias" a las reglas de la Unión Europea (UE), aunque la y española permite ampliar hasta 75 años las concesiones de restaurantes e industrias. Este anuncio ha vuelto a remover las aguas en torno a la permanencia de Ence en Lourizán (Pontevedra), cuya prórroga aprobó el Tribunal Supremo hace solo una semana.

"La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras", ha informado el Ejecutivo comunitario. La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar "sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes" unas "concesiones" para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas, según resume Bruselas, en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos.

En este contexto, los servicios comunitarios han enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al país infractor para poner solución a la situación. En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase (dictamen motivado) que da unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas antes de que el Ejecutivo comunitario decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Esta sanción europea confirma nuestro posicionamiento"

Para Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, "esta sanción europea confirma nuestro posicionamiento", en referencia al deseo del Concello de que la papelera salga de la ciudad. "No vamos a dejar de luchar por la recuperación de la ría de Pontevedra y por la reubicación de una empresa industrial y pesada como Ence", ha afirmado este jueves tras las preguntas de los medios de comunicación.

Según el regidor, "será la propia UE la que lleve a Ence al Tribunal Europeo", ha añadido: "se confirma, se reafirma y se avala nuestro posicionamiento". "Hay muchísimos argumentos para avalar el posicionamiento de recuperación de Lourizán", insistía Lores, que lleva varios años manteniendo que la pastera debe irse no solo de la ría, sino de la ciudad de Pontevedra, por no encajar con el modelo de ciudad sostenible que proyecta su gobierno, algo que ha repetido este jueves.

"La demanda ante el estado español confirma que todavía tenemos vías para seguir adelante", sentenció el alcalde: "esto demuestra que el terreno fue, efectivamente, robado a la ría de Pontevedra".

"La compañía descarta que este procedimiento pueda afectar a la prórroga"

Ence, por su parte, se ha mostrado firmemente convencida de que el expediente abierto por Bruselas no afectará a la permanencia de su biofábrica en Lourizán. "La legalidad de esta prórroga fue avalada por el Tribunal Supremo, sin que se vea afectada por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad", decía en un comunicado remitido a los medios también este jueves.

A pesar de que el texto completo de la sentencia del TS no se conoce todavía, Ence confía en que "incluso en un hipotético escenario futuro" en el que las posibles sanciones europeas modificasen la ley española de costas, "dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido al Gobierno central que "facilite y difunda" la información sobre el posible expediente "cuanto antes", con el fin de esclarecer si afectaría o no a Ence. "Por lo que sabemos, se refiere a las prórrogas automáticas, no a las que incluyen una evaluación de circunstancias", circunscribiéndose Ence a este último caso.

"El que sí se pronunció claramente fue el Tribunal Supremo", afirmó Rueda: "no intentemos seguir contradiciendo un pronunciamiento del Supremo, poniendo otra vez en peligro tantos puestos de trabajo y devolviéndonos la incertidumbre". Ha descartado, también, que la nueva ley gallega de ordenación del litoral "entre en colisión" con la permanencia de Ence en Pontevedra.

Apoyo de la Xunta al proyecto de Ence

El gobierno autonómico, lejos de dar crédito a las hipótesis sobre la salida de Ence de Pontevedra en caso de que Bruselas sancione a España, ha firmado este jueves la adhesión de la empresa a la Alianza Industrial Gallega del Hidrógeno Verde. La secretaria general de Industria, Paula Uría, destacó que esta incorporación supone dar un nuevo paso para convertir Galicia en un polo de atracción de inversiones.

La secretaria general recordó que la Alianza cuenta ya con la participación de más de 700 empresas, instituciones y agentes sociales e incidió en la importancia de la colaboración público-privada para hacer de Galicia una región de referencia internacional en este ámbito.

Así, la Comunidad cuenta con las condiciones necesarias para conseguirlo gracias a la gran disponibilidad de recurso hídrico, un amplio ecosistema de innovación e investigación, un tejido empresarial diverso y con capacidad, alta producción de energía renovable y una posición geográfica destacada. Además, ya se están promoviendo proyectos concretos en toda la cadena de valor, desde la producción, hasta la movilidad, pasando por fabricación de componentes, consumo o I+D+i.

Esta alianza pretende aprovechar los recursos y todo el conocimiento y capacidades que hay en la Comunidad para la identificación de oportunidades, la puesta en marcha de herramientas de agilización administrativa, formación especializada o la investigación. Será fundamental, además, contar con la infraestructura necesaria para la ejecución del hidroducto Guitiriz (Lugo)-Zamora para conectar Galicia con el resto de España y Europa.