*Información elaborada por Lola Alonso y Andrea Pérez-Bouzada.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de nulidad presentado por el Concello de Pontevedra y la Abogacía del Estado contra la sentencia que avalaba la prórroga de la biofábrica de Ence en Lourizán, ratificando la permanencia de la planta en el lugar que ocupa actualmente.
El Concello presentó el pasado mes de marzo un incidente de nulidad de actuaciones al considerar que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta la totalidad del recurso para tomar su decisión. "El informe de los servicios jurídicos municipales presentado en su día contra la prórroga concedida a Ence, y admitido por la Audiencia Nacional, esgrimía cinco argumentos que podrían poner en cuestión la continuidad de la pastera en la ría", del que la AN solo tomó en consideración el primero, que aludía a la Ley de Costas, "sin entrar en los demás". "Así, el Supremo tampoco lo hizo, por lo que los técnicos municipales consideran este hecho una indefensión de los intereses de la administración municipal", defendía en aquel momento Anabel Gulías, entonces portavoz del Gobierno municipal.
El documento, que hoy ha sido rechazado, pedía "paralizar el estimado por el Supremo y volver a la Audiencia Nacional para que se juzguen cada uno de los argumentos y motivos esgrimidos por nuestra parte y defendernos con todas las garantías con un proceso judicial justo, igualitario y efectivo".
Rechazo del Supremo
En un auto emitido por el Tribunal Supremo y remitido por el propio consistorio local a los medios puede leerse que "solo procede declarar la nulidad de una sentencia cuando se haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales protegidos con amparo constitucional", insistiendo en que en este caso "no cabe acudir al incidente para prolongar el debate procesal, a modo de una tercera instancia".
Asimismo, la Sala rechaza todos los argumentos expuestos por el Concello de Pontevedra, aduciendo que ya han sido discutidos en anteriores ocasiones y que no han trascendido al fallo, por lo que no cabe ahora declarar la nulidad de la sentencia en base a estos mismos argumentos. Se refiere concretamente a los argumentos de allanamiento e incongruencia que aduce el Concello, a lo que responde afirmando que "a la Administración se le ha dado intervención en todo los actos del proceso, incluso en casación, de
donde cabe concluir que no se le ha ocasionado indefensión alguna".
El segundo de los argumentos está referido a que en la sentencia no se examina la legalidad de la
resolución impugnada conforme a las exigencias que impone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. "El argumento debe ser rechazado", explica el tribunal, "porque si en la sentencia se razona que el régimen transitorio de la Ley de Costas está referido a concesiones que traían causa de derechos anteriores a su
promulgación, y en justa compensación de los derechos que la propia Ley declaraba extinguidos, resulta patente que a dichas concesiones solo podrían tener derecho tales titulares y no otros terceros porque esas concesiones o se reconocían a esos titulares anteriores o se declaran extinguidos, por lo que no procedía la apertura de un proceso de libre concurrencia con otros agentes, como impone la Directiva de Servicios y la jurisprudencia que se cita".
El Concello seguirá "luchando contra la permanencia de Ence en la ría y en Lourizán"
Desde el Concello de Pontevedra, el alcalde ha pedido "tranquilidad a los vecinos" así como que "no pierdan la confianza". "El Concello seguirá luchando por todas las vías posibles para recuperar la ría", ha manifestado el regidor de la Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores.
Tanto el alcalde como su corporación han querido dejar claro que "la resolución era previsible y se incluía dentro de la hoja de ruta judicial elaborada por el Concello", por lo que se agarran ahora a la posibilidad de que el recurso continúe en el Tribunal Constitucional. "El auto omite por completo las dos cuestiones que puso en consideración el Concello", explican en un comunicado: "falta de respuesta a las peticiones contenidas en la demanda y vulneración de la tutela judicial. Ante esta situación, el Concello ya estudia posibles acciones adicionales al respeto de este auto, y con carácter previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, de ser el caso, el inicio de la vía judicial europea".
"Tenemos derecho a reubicar la industrias que están en dominio público y también cerca de núcleos importantes de población. Estoy convencido, y cada vez más, que no hay desarrollo económico ni de empleo sin respeto de por medio ambiente. Es nuestro deber dejar a nuestros hijos y nietos un planeta mejor", concluyó Lores.