La pesquera viguesa Atunes y Lomos SL (Atunlo) entrará en concurso voluntario de acreedores tras admitir a trámite la preceptiva petición el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo. De esta manera, las facultades de administración y disposición de patrimonio quedan intervenidas.

En el auto, la magistrada señala que la empresa está en situación de insolvencia. No obstante, no se solicita la apertura de la fase de liquidación. Sí se indica en el auto que el deudor, administradores, apoderados y representantes tendrán el deber de comparecer ante el juzgado y la administración concursal "cuantas veces sean requeridos". También que tendrán que "colaborar e informar" en todo lo necesario para el interés del concurso, es decir, poniendo a disposición de la administración del concurso los libros, documentos y registros correspondientes. Los acreedores, por su parte, deberán comunicar, en el plazo de un mes, la existencia de sus créditos.

La duración del procedimiento de concurso, desde la apertura de la sección primera al cierre de la quinta, no podrá ser superior a doce meses. No obstante, la jueza podrá acordar una ampliación del plazo de duración del mismo si fuera necesario, en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir. El auto, aunque no es firme, tiene efectos inmediatos y es ejecutivo.

La solicitud se cursó el 14 de mayo

Atunlo presentó la solicitud de concurso el pasado 14 de mayo, después de haber entrado en preconcurso en noviembre del 2023 para tratar de reestructurar su deuda – de más de 100 millones de euros-, así como para buscar la viabilidad de la compañía.

Fuentes sindicales señalaron en su momento que el problema radicaba en las "tensiones" existentes entre los socios de la compañía, Inpesca (40 %), Coper (40 %) y Marpesca (20 %).

En un comunicado emitido hace 10 días, la empresa confirmaba la solicitud del concurso voluntario y aseguraba que no tiene deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social u otros organismos públicos. Tampoco con sus trabajadores, aunque admitía que la actividad de la empresa se había visto reducida "ante el incumplimiento del compromiso de suministro del socio Inpesca".