La transición energética es uno de los grandes retos de muchos países del mundo y de la Unión Europea. Un desafío en marcha cuyo impacto económico y medioambiental ya nadie pone en duda y en el que empresas y administraciones trabajan para poder aportar las mejores soluciones teniendo siempre presente las realidades de cada región para acometer los grandes proyectos energéticos.

Tal y como explica Xabier Monteagudo, responsable en Galicia de Capital Energy, España, y en conreto la comunidad gallega, cuenta con un "recurso renovable inigualable y de gran calidad, así como con un tejido industrial y empresarial de incuestionable trayectoria y capacidad".

Resulta fundamental, sin embargo, que todo ese potencial no se vea frenado por un cuello de botella administrativo a la hora de ejecutar los proyectos que, además, se traducen en importantes beneficios sociales y económicos para los Ayuntamientos y áreas de influencia de los distintos parques eólicos. "Impulsar la simplificación de la tramitación y aunar criterios a la hora de interpretar la normativa" resultará fundamental para alcanzar el éxito.

Galicia cuenta, actualmente, con 183 parques eólicos, que suman una potencia instalada de 3.907 megavatios (MW), el 13% de toda la capacidad nacional. Capital Energy, cuenta en la comunidad gallega con 13 parques eólicos de trámite autonómico y con autorización administrativa y de construcción, que suman unos 385 MW. Además, otros tres proyectos, también tramitados por la Xunta y que suman 85 MW, ya tienen los permisos de acceso y conexión. "La construcción de toda la cartera supondría la creación de más de 6.100 puestos de trabajo directos en entornos rurales", apunta Monteagudo.

Pregunta: ¿Qué peso tiene la transición energética?

Respuesta: Desde nuestro punto de vista, la transición energética tiene que ser ecológica y justa con las comunidades en las que se implante y contar con el mayor alcance posible. Con ello me refiero a que no puede dejar a nadie atrás y a que ha de ser impulsada en colaboración con agentes locales. Eso es precisamente lo que tratamos de aplicar y el proyecto que tenemos en Galicia es una buena muestra de ello, pues ya nos apoyamos en importantes empresas de la comunidad.

El contexto actual sitúa a España ante una oportunidad única para erigirse en lo que nunca ha sido: una potencia energética. Y lo cierto es que tenemos todos los medios para aprovecharla, pues, en este país y en nuestra comunidad, en concreto, contamos con un recurso renovable inigualable y de gran calidad, así como con un tejido industrial y empresarial de incuestionable trayectoria y capacidad. Las energías limpias son esenciales para reducir nuestra histórica dependencia de los combustibles fósiles, preservar nuestra riqueza medioambiental y, por si fuera poco, reducir cuantiosamente la factura de la luz, al rebajar la presencia del gas en el mix.

Bien conocidos en nuestra tierra son los casos de Alcoa y Ferroglobe, que han visto paralizada su actividad a causa, fundamentalmente, del alto coste del recibo de la electricidad. En definitiva, esta es una reivindicación que vienen haciendo varias industrias gallegas en los últimos años y que nosotros estamos dispuestos a escuchar. De hecho, seguimos negociando la firma de contratos de suministro de energía renovable a largo plazo (PPAs) con varias de ellas que podrían ayudar a mantener los niveles de empleo que ahora están en riesgo.

P.: ¿Cuál es la situación del sector eólico en Galicia?

R.: Según la actualización del estudio de impacto económico y social de la energía eólica en Galicia, elaborado por Deloitte Consulting con datos de 2022, Galicia cuenta, actualmente, con 183 parques eólicos, que suman una potencia instalada de 3.907 megavatios (MW), el 13% de toda la capacidad nacional. Hace una década, la cuota era del 16%, un leve descenso de protagonismo que también se ha visto reflejado en la producción, que pasó de suponer el 19% en 2010 al 16% en 2022.

Pese a que las cifras en sí no son malas, lo que es evidente es que instalación de nueva potencia eólica en Galicia es muy limitada. En los últimos cinco años se han puesto en marcha 510 MW y, en 2022, únicamente 28 MW. Los motivos son muy variados: una moratoria para la solicitud de nuevas autorizaciones, retrasos en los procesos de tramitación, judicialización de los expedientes, un rechazo social excesivo…

En términos económicos, y de acuerdo con el citado estudio, la generación eólica gallega supone 923 millones de euros de contribución al PIB anual (un 1,6%) y una recaudación fiscal directa de más de 100 millones euros. El sector también ejerce un fuerte efecto tractor en el empleo, ya que genera 5.494 puestos de trabajo directos e indirectos en la actualidad, un volumen que podría aumentar considerablemente si se mantuviera un ritmo de instalación de potencia eólica en los próximos años de entre 400 y 500 MW anuales. De hecho, en los 10 próximos años podrían generarse entre 1.840 y 2.950 nuevos empleos estables en Galicia con estas premisas, según afirma Deloitte.

En Galicia, en la actualidad se encuentran autorizados y pendientes de construcción y puesta en marcha casi 3.300 MW: 2.687 MW tramitados por la Xunta y unos 600 MW por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las paralizaciones judiciales y la presión de muchas plataformas están poniendo en peligro muchos de estos proyectos y gran parte del desarrollo energético e industrial de Galicia y, con ello, el empleo de miles de gallegas y gallegos, asociados al sector y al efecto tractor que este ejerce.

A día de hoy, la mayor preocupación del sector es la judicialización de los expedientes por parte de las plataformas que aseguran proteger el medio ambiente, así como la interpretación que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está realizando de las directivas europeas relativas a la tramitación de los estudios de impacto ambiental de los parques eólicos, al amparo de la Ley 21/2013.

P.: ¿Cómo va su proyecto en Galicia?

R.: Galicia es uno de los puntos clave de nuestro proyecto de energías limpias. En nuestra tierra estamos tramitando 37 parques eólicos, cuya potencia conjunta ronda los 1.400 MW, tanto en el ámbito autonómico como ministerial. De ellos, tenemos unos 13 parques eólicos, de trámite autonómico y con autorización administrativa y de construcción, que suman unos 385 MW. Además, otros tres proyectos, también tramitados por la Xunta y que suman 85 MW, ya tienen los permisos de acceso y conexión a la red y cuentan con declaraciones de impacto ambiental (DIAs) favorables.

La construcción de toda la cartera supondría la creación de más de 6.100 puestos de trabajo directos en entornos rurales, una contribución al PIB superior a los 350 millones de euros y una aportación fiscal a las arcas locales de, aproximadamente, 39 millones de euros; además de unos ingresos anuales que rondarían el millón y medio de euros a los propietarios de los terrenos involucrados.

Durante la operación y mantenimiento daríamos empleo estable y de calidad a cerca de 170 profesionales gallegos y generaríamos un impacto económico anual, vía impuestos locales y regionales, de casi 6 millones de euros.

A esta incuestionable aportación económica se suma un importante valor medioambiental, ya que con esta capacidad renovable se podrían generar más de 3.800 gigavatios hora (GWh) anuales de electricidad limpia, equivalentes al consumo energético de más de 1,4 millones de hogares, y se evitaría la emisión a la atmósfera de más de 1,4 millones de toneladas de CO₂.

Con estas cifras constatamos que queremos convertirnos en un motor del desarrollo de Galicia. Se trata de conciliar dos objetivos: el de contribuir a la descarbonización de la economía, a través de la implantación de las energías renovables, y el de fomentar el crecimiento económico y social de todos los concellos en los que estamos presentes.

P.: ¿Qué les hace diferentes de otras compañías?

R.: Somos una empresa española 100% renovable ligada a este sector desde hace más de dos décadas. Este importante bagaje nos ha permitido diseñar proyectos verdaderamente viables y competitivos que han superado, en numerosas ocasiones, una tramitación ambiental previa extraordinariamente garante y exigente y en la que han participado los organismos sectoriales competentes, así como los municipios y ciudadanos involucrados.

Nuestro compromiso con la transparencia y con la colaboración vecinal es total, como hemos demostrado en las diversas acciones informativas que hemos llevado a cabo en cada localidad implicada en la construcción de nuestras instalaciones. Solo desde la escucha activa se pueden desarrollar proyectos que, verdaderamente, aporten valor a las comunidades. Ponemos lo mejor de nosotros para, desde la comprensión y la empatía, resolver todo aquello que les inquieta. Nuestra disposición a atender aquellas reclamaciones razonables y coherentes de asociaciones vecinales, ayuntamientos y cualquier otro colectivo ha sido siempre una máxima.

En esencia, estamos plenamente alineados con las necesidades de la comunidad y esa es nuestra principal fortaleza. Nuestros proyectos están diseñados por profesionales gallegos, que trabajan en nuestra oficina de Santiago y que son vecinos de los concellos en los que promovemos nuestras instalaciones.

Como valor añadido, contamos con el Proyecto Territorios, una iniciativa con la que impulsamos acciones que favorezcan el desarrollo del entorno rural y que se consensúan con los grupos de interés locales, en función de las necesidades de cada municipio.

Hemos firmado múltiples convenios ligados a esta iniciativa diferencial, así como acuerdos complementarios para la cesión del 2,5% de la facturación o del beneficio de nuestros parques -en línea con lo estipulado por la Xunta-, con varios concellos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. Por supuesto, estamos abiertos a que todo municipio involucrado en el desarrollo de nuestros parques amplíe, con estos acuerdos, los beneficios intrínsecos a nuestras instalaciones y así se lo hemos transmitido a todas las corporaciones locales. Asimismo, tenemos plena disposición a participar en la empresa público-privada de reciente creación que ha impulsado el Ejecutivo gallego, con el objetivo de que esta pueda participar en el desarrollo de alguno de nuestros proyectos.

Por si fuera poco, continuamos trabajando, en paralelo, en la creación de bolsas de empleo para que las empresas que construyan nuestros parques contraten mano de obra y maquinaria local. Es importante destacar que el renovable es uno de los sectores que más empleo proporciona a la gente joven de los municipios en los que se instalan los parques. Muros, el concello al que pertenezco, es un ejemplo claro de ello.

Por otro lado, y desde el punto de vista social, hemos impulsado varias iniciativas con entidades de Galicia centradas, fundamentalmente, en el apoyo a colectivos desfavorecidos. Entre ellas se encuentra la firma de un convenio marco con la Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur), cuya finalidad es promover proyectos que favorezcan el empleo, el bienestar social y la integración de las personas con discapacidad de la comarca, y que se ha materializado en un primer proyecto de respaldo económico a dicha asociación para la puesta en marcha de una instalación de autoconsumo en su centro ocupacional del concello de Outes.

Además, hemos donado material, mobiliario y fondos económicos a la Fundación de Discapacitados Psíquicos de A Barcala, perteneciente a los concellos de Negreira y A Baña y de la que ambos ayuntamientos son patronos, y hemos rehabilitado, en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Amicos, la denominada Ruta das Fervenzas, que transcurre entre Outes y Mazaricos.

P.: ¿Los últimos acontecimientos a nivel mundial y nacional les invitan a ser optimistas de cara al futuro?

R.: El futuro se presenta ilusionante. De grandes retos, como lo son impulsar la transición energética para combatir el cambio climático y reducir nuestra dependencia energética, surgen grandes oportunidades que en Capital Energy vamos a tratar de aprovechar y que Galicia, como potencia renovable, no debe desperdiciar. Para conseguir estas metas es muy importante, en cualquier caso, que todos, empresas, ciudadanos, administraciones e instituciones jurídicas, rememos en la misma dirección.

Debemos centrarnos en lo que es urgente, que no solo es recuperar la senda de crecimiento que nos hemos marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sino alcanzar lo que realmente le corresponde a un país con un potencial como el nuestro, que tiene el mejor recurso renovable combinado de viento y sol de toda Europa con mucha diferencia.

Para cumplir estas ambiciosas metas tenemos que contar con seguridad jurídica, algo que no está pasando con las citadas paralizaciones. También es preciso solventar ese cuello de botella administrativo, impulsando la simplificación de la tramitación y aunando criterios a la hora de interpretar la normativa. Necesitamos directrices claras para que los equipos tramitadores, que quizá han de aumentar su capacidad, pongan en su justa medida los impactos, ante la importancia de la implantación de las renovables en este país. Si llegamos a tiempo, nuestra privilegiada posición para el despliegue de las renovables nos permitirá liderar también otros sectores industriales de alto valor añadido, como el hidrógeno verde, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, y con ellos podremos generar más empleo y riqueza. Si no, ese papel lo asumirán otros países.