La oficina de Vigo del despacho BGI LAW representa ya a más de 1.000 demandantes involucrados en el conocido como cártel de los coches y calcula que unos 40.000 gallegos podrían estar afectados por estas prácticas abusivas a través de las cuales fabricantes hicieron un pacto para fijar los precios de los vehículos entre 2006 y 2013, obligando a los consumidores a pagar un sobrecoste de más de un 10%.
Según ha recogido Europa Press, el socio de BGI LAW Juan Camacho asegura que esta iniciativa es "especialmente relevante" en Vigo, donde Stellantis tiene su sede en España. Él ha explicado que esta compañía "tendría que hacer frente a la demanda de todos aquellos clientes que compraron sus coches y a los que se cobró un sobreprecio que ahora tendrán que devolver".
Ante esta situación, Camacho prevé "saturación" en los juzgados de la ciudad olívica ante la "avalancha" de demandas por este tema, para lo que el TSXG ya ha pedido refuerzos al Consejo General del Poder Judicial.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) declaró a mediados de septiembre de 2015 la existencia de este cártel, por el que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que habría unos cuatro millones de usuarios afectados que habrían pagado un "sobreprecio" por sus vehículos.
Precisamente la OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes (Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo) por este caso.
En los próximos meses presentará otras cuatro demandas para Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera, y Renault la cuarta.
BGI LAW ha explicado que las indemnizaciones podrían ser de entre el 10% y el 20% del valor del coche, lo que sumarían más 2.000 euros en el caso de un vehículo de 20.000 euros, según ha indicado.