VIGO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) –
Hijos de J. Barreras y los sindicatos constituirán "en los próximos días" una mesa de negociación para abordar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado para trabajadores del astillero vigués.
Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), tras una reunión mantenida este martes con la empresa en la que se realizó una presentación para una futura negociación del ERTE.
En concreto, ha explicado que el encuentro representó "una puesta en escena" en la que se abordó el modo de aplicación del expediente y ha señalado que la mesa de negociación posiblemente se constituya el próximo lunes.
Tras la convocatoria de la mesa, se procederá al traslado de una memoria y otra documentación correspondiente y se abrirá el periodo de negociación del ERTE, al que el presidente del comité ha augurado que "no irá toda la plantilla".
En concreto, el astillero cuenta con 147 trabajadores de los que parte se encuentran desplazados en Santander, a donde fue trasladado el buque ‘Evrima’ para trabajos de pintura. Mientras, otros trabajadores llevan a cabo tareas de mantenimiento.
Situación del astillero
Esta situación se produce después de que el astillero vigués en manos de la división de cruceros de lujo de Ritz-Carlton contratase los servicios de la firma de consultoría internacional Kroll para "apoyar y reforzar la estrategia de la compañía" de cara buscar "alternativas que garantizasen su estabilidad y viabilidad".
Asimismo, a finales del pasado mes de mayo, Barreras anunció que había empezado a saldar la deuda por 58 millones de euros que había contraído con entidades financieras (43 millones) y la industria auxiliar (15 millones) por la construcción del crucero ‘Evrima’.
Por su parte, CIG reclamó la intervención pública del astillero y UGT, que preside el comité de empresa, apostó por una "colaboración" entre la empresa, la Xunta, el Ministerio y agentes sociales que permitiese "buscar una solución firme" a la situación de la primera. Sin embargo, el Ejecutivo gallego condicionó su colaboración a que el Gobierno central "despejase el papel que quería tener a nivel de financiación a través del Fondo de Solvencia" y a que la empresa presentase un plan de viabilidad.