La Confederación de Empresarios de  Galicia (CEG) defiende la continuidad de la biofábrica de Ence en  Pontevedra, puesto que afirma que "ha quedado sobradamente acreditado que la pastera opera con estrictas medidas ambientales y de seguridad y no ha incumplido el título concesional en relación a la contaminación y el impacto sobre el medio ambiente". Esto se deduce de las observaciones de la Audiencia Nacional, que reconoce que la empresa asumió importantes inversiones ejecutadas en la instalación desde que se prorrogara la concesión en 2016. 

Afectada por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la empresa está pendiente de una sentencia de la propia Audiencia Nacional, que determinará la vigencia y legalidad de la prórroga de la concesión de Costas que el Gobierno otorgó hasta 2073. En caso de que pueda continuar con su actividad, deberá adoptar importantes decisiones con respecto a la inversión y modernización, para lo que necesita seguridad jurídica.

La CEG recuerda que "el cierre de Ence no solamente supondría la pérdida de 800 empleos directos en Pontevedra, sino que también se perderían parte de los compromisos de inversión de la pastera, cuyo Plan Estratégico 2019-2023 contempla un gasto de 350 millones de euros". La organización también asegura que a estos empleos directos habría que sumar 2.700 puestos del área industrial, logístico y del transporte; y 2.100 empleos más del sector forestal de toda Galicia.

Sin la ejecución de los planes de inversión previstos por Ence en Pontevedra, la CEG afirma que se podría agravar la crisis económica derivada de la pandemia. Desde la Confederación hablan de "abogar por una política industrial y de implementación de políticas públicas que tengan el objetivo de incrementar el peso de nuestro tejido industrial sobre el PIB", pues esto conduciría a la economía a  mayores tasas de crecimiento a largo plazo.