La cárcel de A Lama, en Pontevedra.
El Estado es condenado a indemnizar a un recluso de A Lama (Pontevedra) que fue agredido
La Audiencia de Pontevedra considera que el Estado incumplió "las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos", lo que provocó que el interno pudiese ser atacado con una cuchilla
3 mayo, 2021 19:20La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al Estado, como responsable civil subsidiario, a indemnizar con 8.615 euros a un recluso del centro penitenciario de A Lama que fue atacado por otro interno con una cuchilla de afeitar. El tribunal considera al Estado responsable debido a que incumplió "las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos, así como la integridad física de las personas encomendadas a su custodia debido a la falta de vigilancia y de control que le son exigibles".
El 6 de enero de 2019 surgió una discusión entre dos internos por una deuda y, durante el transcurso de la disputa, uno de ellos le propinó al otro un puñetazo en el ojo izquierdo. El agresor fue condenado al pago de una multa de 360 euros y al abono de una indemnización de 6.935 euros. Al día siguiente, la víctima intentó golpear en el comedor con un palo de escoba al hombre que le había dado el puñetazo, algo que fue impedido por otros internos. Posteriormente, cuando se hallaba en la galería anexa al comedor jugando al parchís, la víctima del puñetazo se le acercó por detrás y le cortó la cara con una cuchilla. Por estos hechos, fue condenado a dos años y medio de cárcel, como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como al pago de una indemnización, de 8.615 euros, una cantidad de la que también responderá, en concepto de responsable civil subsidiario, el Estado.
Cuando sucedió la agresión con la cuchilla, según consta en la sentencia, solamente estaba un funcionario vigilando, el cual "ni siquiera se hallaba presente en el módulo, sino en la cabina acristalada; es más, al coincidir con el reparto de metadona, es posible, según el jefe de servicio, que no hubiera ningún funcionario en el interior de la sala", destacan los magistrados, quienes subrayan que el Estado incumplió tanto con su "deber de vigilancia" como con el de "control sobre el eventual porte de instrumentos peligrosos, como lo son las cuchillas de afeitar". Además, concluyen que esa falta de vigilancia, "seguramente, por escasez de funcionarios en el centro penitenciario", también se puso de manifiesto el día anterior, "cuando se produjo el incidente entre los mismos internos en la subida de las escaleras camino a las celdas", así como cuando el interno intentó golpear a la víctima con el palo de una escoba, "intento de agresión que, según pusieron de manifiesto los funcionarios en el acto del juicio, no vieron y que les fue relatado por los internos cuando investigaban los hechos".
