MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) –
Los títulos de Ence Energía y Celulosa se desplomaban este lunes más de 14% en Bolsa, lastrados por el fallo de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión de su fábrica de Pontevedra.
En concreto, las acciones del grupo papelero y de energía renovables caían a las 11,47 horas un 14,37%, retrocediendo hasta los 2,502 euros, en niveles mínimos desde noviembre del año pasado.
Los títulos de Ence ya experimentaron el pasado viernes una caída del 9,09%, siendo el valor más castigado del mercado español en esa jornada, después de conocerse la sentencia.
El pasado viernes, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimó los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.
En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.
Ence Energía y Celulosa anunció su decisión de recurrir el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, en defensa de la legalidad de la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra.
El grupo papelero y de energía señaló que, "desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia", ponía de manifiesto "su desacuerdo" con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom.
Así, insistió en que agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses y reitera la validez de la prórroga de esta concesión, "de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta".
Su futuro más incierto
En un informe, los analistas de Banco Sabadell consideran la noticia "muy negativa" para Ence ya que, a pesar de no ser una sentencia definitiva, se trata de una sentencia contraria "que además aleja el escenario intermedio de una nueva prórroga hasta 2033".
En este sentido, la entidad contempla como escenarios posibles el cierre de la planta una vez la sentencia sea firme –con independencia de los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar para una nueva ubicación de la misma– y una sentencia definitiva favorable para el grupo que, considera, "implicaría la confirmación de la actual prórroga hasta 2073".
No obstante, advierte de que la incertidumbre sobre el resultado final del proceso judicial es "muy elevada" –dando tras el fallo de la pasada semana una mayor probabilidad a una sentencia contraria– y cree que tiene más sentido posicionarse "en un escenario de cierre de la planta en un corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 años)".
Los analistas de Banco Sabadell entienden que en un escenario de cierre de la planta la compañía presentaría la oportuna reclamación solicitando una indemnización al menos por los 130 millones de euros que lleva invertidos desde que se le concedió la prórroga actual hasta 2073.
La Xunta reclama al Gobierno una alternativa para el traslado
El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, llama al Gobierno central a "concretar" fondos europeos para ofrecer una "alternativa" a Ence después de la sentencia de la Audiencia Nacional.
En declaraciones este lunes, Conde ha invitado al Gobierno a visitar Galicia, "de igual forma que está visitando otras comunidades" –pone de ejemplo el apoyo a la automoción en Cataluña o el viaje del pasado viernes de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Extremadura–, para abordar el futuro de la pastera.
Así, requiere al Gobierno "realismo" para que "se pueda concretar una alternativa al cierre de esta empresa". Con el fin de "dar viabilidad a un proyecto de estas características", dice que se necesita "que haya unos requerimientos técnicos desde el punto de vista de la empresa", así como saber "cuáles son las condiciones a las que se puede acceder en términos de fondos europeos", pues "el propio Gobierno es el que tiene la última decisión".
En esta línea, deja claro que "la prioridad es el empleo" y la continuidad de "un proyecto de estas características en el sector forestal y logístico".
"Seremos absolutamente proactivos, colaboraremos con el Gobierno y la propia empresa para poder identificar esa solución, pero desde un punto de vista pragmático y realista", afirma Conde.
Igualmente, critica que, "hasta ahora, la transición energética solo se puede contabilizar en cierre de empresas y más impuestos tanto para las familias como para la propia industria".