PONTEVEDRA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –
La Diputación de Pontevedra habilitará una línea de ayudas económicas orientada a los ayuntamientos de la provincia para facilitar la adaptación de los servicios municipales a la nueva ley de residuos.
Así lo ha avanzado el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, que ha anunciado que el próximo miércoles se reunirán con representantes de los ayuntamientos de la provincia para "hablar de la situación actual de los residuos municipales y de las perspectivas que hay".
Según ha explicado César Mosquera, el actual marco normativo en este área va a cambiar una vez que entre en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado.
"Supone una auténtica revolución en el mundo de los residuos, un cambio de paradigma total y absoluto", ha manifestado Mosquera, que ha apuntado como consecuencias del nuevo marco normativo el final del "buenismo y la voluntariedad" para lograr un tratamiento de residuos más respetuoso con el medio ambiente debido a que la estrategia seguida hasta ahora "demostró que no se lograron los objetivos".
Según el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, los ayuntamientos que más se aproximaron a estos objetivos ecológicos "en todo el estado español" fueron los ayuntamientos participantes en el Plan Revitaliza que impulsa la administración provincial pontevedresa y que está centrado en el compostaje.
Las exigencias a los ayuntamientos en el nuevo marco normativo serán de "resultados y obligatoriedad". Esto significa que se obligará a los municipios a la recogida separada de toda la basura e introduce la obligación de separar a los productores, en origen.
"También impone que los ayuntamientos deben tener inspección y control de los residuos", ha destacado César Mosquera, que ha asegurado que, hasta ahora, esto no existía.
La Xunta será la autoridad que controle esa gestión de los residuos. "Y todo esto con una amenaza clara de sanciones a las administraciones que no cumplan", ha añadido.
Ayudas
Ante esta situación, la Diputación de Pontevedra va a "poner todos sus esfuerzos y colaboración" con los municipios para continuar con el Plan Revitaliza.
Así, a las ayudas ya existentes para modificación de ordenanzas municipales, el gobierno provincial propondrá a las entidades locales que toda esa información de inspección que las administraciones locales tendrán que remitir a la Xunta se canalice a través de la Diputación.
Además, ofrecerá a los ayuntamientos que no quieran o no puedan llevar a cabo esas tareas de inspección que deleguen esta facultad en la diputación y también se aprobará una línea de ayudas, que se sumarán a las dos ya existentes, que estará vinculada al cumplimiento de objetivos de reciclaje.
Estos objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea, pasan por reciclar el 55% de todos los residuos municipales en 2025 y el 60% en 2030. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto.