OURENSE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) –
Ocho integrantes de un grupo que se dedicaba a fabricar cigarrillos de tabaco ilegalmente en dos naves de Ourense y Pontevedra, empleando para ello extranjeros en situación irregular, han aceptado dos años de prisión y una multa de 12 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Ourense ha celebrado este martes el juicio contra este grupo compuesto por 10 personas –entre ellas, había distintas nacionalidades como la rumana, la ucraniana, la moldava y la portuguesa–, aunque hay dos que todavía están en busca y captura.
Los presuntos responsables de este entramado permanecían acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la Hacienda Pública.
Según recoge el escrito fiscal, el cabecilla de la banda, uno de los que están en paradero desconocido, de común acuerdo con otros cuatro procesados, puso en marcha una organización "estructurada y permanente en el tiempo con ramificaciones internacionales" para fabricar los cigarrillos fuera de la norma vigente, empleando para ello "mano de obra no regularizada", extranjeros que habían llegado a España sin saber su destino y que eran retenidos sin posibilidad de comunicarse con el exterior y "trabajando a destajo".
Empresa de transportes como tapadera
La organización camuflaba su actividad irregular bajo la apariencia de una empresa de transportes para enviar camiones con el tabaco una vez fabricado al extranjero.
El cabecilla se estableció en Ourense en febrero de 2020 adquiriendo una nave industrial en el Ayuntamiento de Coles, en el municipio de Cambeo, con la misma intención con la que se hicieron con una nave en Oliveira, Ponteareas, "para montar una estructura estable para la fabricación y distribución de grandes cantidades de tabaco".
Los acusados, que también trabajaban en las fábricas, tenían como objetivo controlar los traslados del material y vigilar a los extranjeros que trabajaban allí privándoles de sus teléfonos móviles.
Así las cosas, para cuatro de los encausados la fiscalía solicitaba una pena de 11 años de prisión y multa, mientras que para otros cuatro pedía 7 años de cárcel y multa. A mayores, abonar de forma conjunta y solidaria a la hacienda pública la cantidad que se considera defraudada que se acerca a los 12 millones de euros.
Acuerdo
Con todo, finalmente las partes han llegado a un acuerdo por el que todos los acusados cumplirán la misma condena: dos años de prisión y una multa de 12 millones de euros cada uno por ser autores de un delito de contrabando y otro contra la Hacienda Pública, que en caso de no cumplir se saldaría con un año más de prisión. Además, deberán hacer frente a una responsabilidad civil de 11.836.000 euros y a las costas procesales.
La rebaja acordada se debe a que no han sido juzgados por pertenencia a banda criminal porque la propia ley de contrabando "establece un agravante para los hechos de contrabando de modo organizado impidiendo que se juzgue por separado", según ha explicado el letrado de dos de los acusados.
Además, también se ha tenido en cuenta el tiempo de prisión ya cumplido porque cinco ellos llevaban ya dos años en la cárcel y otros dos estaban en libertad vigilada.
De este modo, se ha acordado la suspensión cautelar de la condena durante tres años con la obligación de no delinquir durante ese tiempo y se ha procedido a la devolución de los objetos intervenidos a excepción del dinero en metálico, que se empleará para parte del pago de la responsabilidad civil.