La Junta de Gobierno provincial aprobó hoy la Línea Extraordinaria de Ayudas a los Ayuntamientos, Entidades Locales y Mancomunidades para Actuaciones de Emergencia ante de la Sequía, un plan dotado con 3 millones de euros, y que, además, tendrá efectos retroactivos al cubrir las actuaciones realizadas entre el pasado 1 de agosto y el próximo 31 de octubre.

Carmela Silva destacó que la Línea Extraordinaria fue presentada a principios de agosto e incluyó además un proceso participativo que consistió en el envío de una carta informativa a los alcaldes y alcaldesas invitándoles a la presentación de sugerencias. A principios de septiembre, después de escuchar a los ayuntamientos, la línea queda aprobada. "Nos adelantamos a los problemas", afirmó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

La presidenta, que agradeció expresamente el trabajo de los técnicos/as que hicieron posible esta tramitación administrativa en un tiempo tan breve, concluyó que los fondos extraordinarios provinciales no solo llegarán a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para atajar los problemas de la sequía, sino que también serán para las mancomunidades y las entidades locales, "porque también suministran agua a muchos núcleos rurales de nuestra provincia".

La Línea Extraordinaria está financiada con 3 millones de euros a través de una modificación de crédito aprobada en el Pleno que hoy celebró la Diputación. Son beneficiarios los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, mancomunidades y entidades locales menores. Las actuaciones subvencionables, según las bases aprobadas, son el llenado de depósitos mediante cisternas, establecimiento de puntos de abastecimiento mediante cisternas, conexiones puntuales a otras redes por emergencia, gastos de bombeos extraordinarios y urgentes, gastos de emergencia para ayudar a comunidades de usuarios, campañas de moderación de consumos, eliminación de fugas puntuales y otras semejantes.

La cuantía de las ayudas consiste en un fijo de 10.000 euros por ayuntamiento (5.000 euros en el caso de las entidades locales menores) con un coeficiente multiplicador de 6,5 veces a población de cada ayuntamiento. En el caso de las mancomunidades percibirán el resultante de la suma de lo que habría correspondido a los ayuntamientos que las integran.