VIGO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) –
El período de consultas sobre la inaplicación del convenio en la empresa concesionaria del bus urbano de Vigo, Vitrasa, ha finalizado sin acuerdo entre empresa y comité, por lo que, si no se llega a una solución antes mediante los mecanismos extrajudiciales previstos, el conflicto deberá ser dilucidado por la Comisión Tripartita Galega para la inaplicación de convenios colectivos.
Vitrasa ha lamentado que los sindicatos no hayan aceptado las medidas propuestas, a pesar de haberles ofrecido la posibilidad de compensar al personal cuando mejore la situación o de "una menor intensidad" en esas medidas a aplicar. Asimismo, ha criticado que no hayan hecho "ni una sola oferta" ni hayan mostrado intención de buscar acuerdos.
La concesionaria ha apuntado que la posición del comité demuestra "su desconexión con la realidad" e incluso ha censurado su "desinterés por la supervivencia de Vitrasa", llegando a negar las pérdidas de la concesionaria derivadas de la notable caída de viajeros desde el inicio de la pandemia.
La empresa ha señalado que, entre 2020 y 2021, hubo un descenso de 16 millones de viajeros, y que su situación es "extrema", con unas pérdidas de 14 millones de euros.
Por ello, ha justificado, es necesario tomar "medidas temporales" para contener costes y garantizar la supervivencia de la empresa y el mantenimiento del empleo.
Rechazo del comité
Los sindicatos por su parte han rechazado el ‘descuelgue salarial’ planteado por la empresa, que contemplaba inicialmente rebajas en las nóminas de un 30% este año y de al menos un 14% el año próximo, así como un incremento en las horas de la jornada anual.
El comité ha subrayado en varias ocasiones que la empresa ha sido compensada por el Ayuntamiento y por la administración central, y que, si no se ve capaz de prestar el servicio, debe abandonar la concesión. De hecho, han denunciado que la documentación económica presentada por Vitrasa refleja un abultado patrimonio y ausencia de tensiones de tesorería que pongan en riesgo la sociedad, por lo que han concluido que "pretende garantizarse sus beneficios a costa de los vigueses".