Una treintena de empresas y vecinos de Vigo han remitido al Concello de Vigo un escrito en el que le reprochan su inacción y "dejación de funciones" así como "incumplimiento flagrante de la ley" en el conflicto con los comuneros de Cabral. La queja surge después de que el gobierno local haya contestado de manera elusiva a una anterior petición para que pusiera en marcha las diversas medidas que viene obligado a adoptar para el apoyo a la reactivación y la protección económica, empresarial y de puestos de trabajo de Galicia. Recuerda, además, que se trata de un conflicto originado por el propio funcionamiento anormal del Concello, que en su día transmitió ilegalmente los terrenos en litigio, ocupados hoy por las empresas y demás afectados.
En su respuesta, el Concello se limita a dar traslado de un informe de la Xerencia Municipal de Urbanismo, en el que este órgano evita toda mención a esas medidas que la ley le atribuye al propio Concello; y se limita a indicar, evasivamente y sin negar la responsabilidad del Concello, que no puede intervenir "al no tratarse de patrimonio municipal de suelo adscrito a la Xerencia ni en el momento de su constitución ni en el momento actual".
En el mismo informe, la Xerencia Municipal de Urbanismo indica a la treintena de empresas y vecinos de Vigo afectados que se trata de una cuestión entre particulares en la que carece de competencias y les invita a dirigirse a los departamentos de la Xunta de Galicia para que costeen un proyecto de interés autonómico, a pesar de tratarse de un problema que afecta de manera específica al término municipal de Vigo.
Ante la contestación recibida por el Concello, a través de su Xerencia de Urbanismo, los afectados denuncian que el Concello ahora pretende agravar el conflicto con su actitud y le recriminan al respecto que "incumple de manera frontal un mandato que la ley dirige directa y explícitamente a los Ayuntamientos de preservar y potenciar su tejido industrial y los puestos de trabajo consiguientes".
Conflicto
Este conflicto se originó en el momento en que el Ayuntamiento poseyó y vendió esos terrenos cuando ya tenían la condición legal de monte vecinal en mano común. Por esta razón, los comuneros de Cabral están litigando con el argumento de que se les deben devolver amparados en la legislación sobre esa clase de montes.
Las empresas subrayan que el consistorio contaba con medios técnicos y jurídicos más que suficientes para determinar que estaba vendiendo irregularmente esos terrenos, como los tiene ahora para conocer y aplicar las medidas que la ley le obliga adoptar para evitar un conflicto.
Según la documentación del Registro de la Propiedad de Vigo, el terreno vendido figuraba inscrito como una finca de 190 hectáreas a nombre del Concello de Vigo con fecha 22 de octubre de 1954. Posteriormente, el consistorio fue transmitiendo terrenos de esta parcela a distintas personas y empresas que, a su vez, fueron trasmitiendo las fincas a terceros a lo largo de estos años, sujetos en todo momento a la legalidad.
Desde hace dos años, la comunidad de montes de Santa Marina de Cabral está reivindicando a estos propietarios la propiedad de esos terrenos alegando que son terrenos propiedad del monte desde tiempo inmemorial.