La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio del Casco Viejo, Marta Fernández-Tapias, presidió este jueves el comité del
organismo rehabilitador en el que se dio cuenta de las ofertas para el alquiler de locales comerciales en el barrio histórico.

En la sesión se informó de que ya existen un total de 92 propuestas para los 20 locales, con precios que van desde lo 70 a los 255 euros al mes. La licitación de los bajos se publicó el pasado 27 de junio en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOPPO) y se cerró este jueves.

Durante la sesión celebrada por videoconferencia, los representantes del Ayuntamiento de Vigo se opusieron al arrendamiento de los locales y su dinamización cultural, según declara la Xunta en un comunicado. El portavoz municipal Carlos López Font, por el contrario, ha denunciado que la decisión tomada en el encuentro del Consorcio es "muy grave para los intereses de la ciudad".

Un proyecto paralizado desde 2020

López Font explica que en la reunión del Consorcio Casco Vello se ha decidido rechazar la propuesta del Concello, que pretendía alquilar los bajos para destinarlos a las asociaciones culturales. "Esta solicitud se hizo hace dos años y medio y nos comprometíamos a pagarlo absolutamente todo".

El edil socialista denuncia que las perjudicadas del "no" del Consorcio son las asociaciones "que cumplen una función muy importante y hoy no tienen local". También ha afeado la actuación del organismo presidido por Fernández-Tapias, que, a ojos del Ayuntamiento, "ha dejado deteriorar durante dos años los locales".

Sin embargo, la presidenta del Consorcio Casco Vello y delegada de la Xunta desmiente las acusaciones de Font sobre la decisión tomada hoy: "Lo único que intenta el Concello es paralizar la rehabilitación y mejora del Casco Vello en búsqueda de réditos electorales".

Adicionalmente, la representante autonómica quiso recordar que en febrero de 2020 el propio Consorcio propuso un alquiler global para 17 locales con un precio de 24.816 euros anuales. El objetivo era destinarlos al proyecto ‘Crea Vigo’, rechazado por el Gobierno local.