VIGO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) –
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido este miércoles a las denuncias de sindicatos y miembros del servicio de bomberos de la ciudad, que han vuelto ha alertar sobre la falta de personal y el riesgo que eso supone, asegurando que dicho servicio "está funcionando de acuerdo con la norma".
Así se ha expresado el regidor olívico a preguntas de los medios acerca de esas advertencias de los bomberos, que han afirmado que la escasez de efectivos llevaron a "cerrar" otra vez el parque de Coruxo el pasado fin de semana.
Caballero ha proclamado que el servicio funciona de acuerdo a la normativa, sin entrar en más detalles, aunque sí se ha referido al auto del juzgado de instrucción 5 de Vigo, por el que se archivaron las actuaciones contra el concejal Carlos López Font (y contra el jefe del área de Seguridad), denunciado por la CIG por aplicar un decreto que imponía las horas extras y que luego fue anulado por los tribunales.
"Denuncia falsa"
El alcalde ha preguntado "quién va a dimitir" después del archivo de la causa y ha acusado a quienes promovieron dichas diligencias de haber interpuesto una "denuncia falsa". "Una denuncia falsa es una cuestión gravísima", ha insistido el regidor, quien ha proclamado que "fue sobreseída y, si está archivada, es falsa".
Precisamente, en el auto de sobreseimiento de las diligencias, la jueza recoge el principal argumento empleado por los investigados para defender la aplicación del decreto: la necesidad de "forzar" las horas extraordinarias para cubrir un mínimo de 20 efectivos en los parques de bomberos, sin los cuales, en caso de siniestro, "la indefensión de los ciudadanos sería absoluta".
Los bomberos de Vigo llevan años denunciando la sobrecarga de trabajo por falta de personal y el hecho de que, en un porcentaje muy elevado de jornadas, los parques de la ciudad no cuentan con ese mínimo de 20 efectivos. De hecho, los sargentos responsables en la actualidad del servicio, han convocado una rueda de prensa para este jueves, para denunciar su "precariedad" y el "riesgo inminente" para la seguridad de los ciudadanos y de los propios funcionarios.