El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo decretó ayer el archivo de la causa penal del accidente de O Marisquiño 2018, donde resultaron heridas más de 350 personas. El principal debate que se generó en torno al caso fue la repartición de responsabilidades entre las instituciones que componen el convenio ‘Abrir Vigo al Mar’.

La magistrada, en este sentido, alegó que en el acuerdo no aparece delimitado con precisión el ámbito físico que abarca el mantenimiento y conservación de las obras y servicios. Sin embargo, el Puerto de Vigo defiende que la responsabilidad del muelle de As Avenidas era del Concello de Vigo y varias posturas judiciales del TSXG avalan su posición.

De este modo, la Autoridad Portuaria explica que el informe de la Fiscalía, de fecha 20 de diciembre, se emitió 6 días después de que el Tribunal Supremo inadmitiera los recursos presentados por el Concello de Vigo contra las sentencias del TSXG y ratificara que incumplió el mantenimiento de la zona que se hundió. Las obras de reparación del muelle, cifradas en cinco millones de euros, fueron asumidas sin embargo por el Puerto.

"La decisión de sobreseimiento no solo ignora, sino que contradice, las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, refrendadas por el Tribunal Supremo, que han adquirido fuerza de cosa juzgada, y lo hace sin razonar en ningún momento el porqué de tal contradicción", esgrime en un comunicado la entidad presidida por Vázquez Almuiña.

El Puerto de Vigo considera que "los afectados por el accidente tienen derecho a escuchar a los responsables municipales que autorizaron el evento y que no han declarado antes de que se archive la causa".

Además, critica que la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 califica lo ocurrido desde la perspectiva de un posible delito de lesiones por imprudencia, cuando consideran que "son constitutivos de un delito agravado de daños descrito por el artículo 242 del Código Penal, al causar una destrucción del patrimonio portuario".

Por todo ello, la Autoridad Portuaria presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.