Los dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo en el juicio de este martes.

Los dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo en el juicio de este martes. rodrigo paz/EP

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Visto para sentencia el caso de los acusados de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo

El Ministerio Fiscal ha solicitado para los dos acusados hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros

17 enero, 2023 16:27

VIGO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

Visto para sentencia el juicio contra los dos acusados, una funcionaria policial y un bombero retirado que son pareja, de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en Vigo.

Tras la celebración del juicio oral el pasado miércoles, 11 de enero, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con ese en Vigo, ha continuado con el juicio este martes a las 10:00 horas.

Lo ha hecho comenzando con la declaración de un testigo que no pudo comparecer ante los magistrados la semana pasada, un agente de la Policía Local de Vigo que ha asegurado conocer a uno de los acusados con el que había coincidido en numerosas ocasiones en las pistas de atletismo de la ciudad olívica, lugar donde el bombero retirado entrenaba a varios opositores.

El actuante ha asegurado que, tanto en los pasillos de la comisaría de la Policía Local de Vigo como en los del Ayuntamiento de la ciudad olívica, se hablaba de que el acusado "quería ir a por el demandante y que no quería que este último superase las oposiciones".

Tras escuchar el relato del testigo, Fiscalía, defensa y acusación procedieron a los alegatos finales.

El Ministerio Fiscal ha solicitado para los dos acusados hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros, además de suspensión para empleo y cargo público por tiempo de tres años y para el ejercicio de función pública relacionada con registros informáticos. Petición a la que se ha sumado la acusación.

Por su parte, las dos partes de la defensa han tachado las acusaciones de "incoherentes" al considerar que no ha tenido lugar la revelación de secretos, ya que la orden de búsqueda emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) por un delito de tráfico de drogas contra el demandante "era algo que el juzgado que lo emitió había hecho público".

Finalmente, los magistrados de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra han declarado que el caso queda visto para sentencia.

Hechos

Tal y como recoge el Ministerio Fiscal en su escrito, uno de los acusados, bombero jubilado, solicitó a su esposa, la otra acusada, con puesto de funcionaria policial en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, que accediese a la base de datos con el fin de obtener información confidencial de un opositor al cuerpo de bomberos.

Según Fiscalía, la intención era perjudicar a esta persona en sus aspiraciones a superar la oposición al cuerpo de la ciudad de Vigo, que se celebró en 2018. Por ello, la mujer accedió en varias ocasiones al informe, donde constaba una orden de búsqueda del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas por un delito de tráfico de drogas, para proceder a la averiguación de paradero y domicilio.

Tras ello, trasladó esta información a su marido, el cual remitió varios mensajes a un agente de policía para la detención del joven. "Como el agente no otorgó la cooperación pretendida por el acusado, consistente en coordinar con Guardia Civil una operación de intervención contra el opositor y como su intención era perjudicarle en dichos exámenes, contactó con el jefe de seguridad del Ayuntamiento, miembro del tribunal de oposiciones", recoge el Ministerio fiscal.

Así, este funcionario solicitó a un agente de la Policía Local su colaboración en relación a un opositor en busca y captura, comprobando este agente que solo era una averiguación de paradero. Por ello, acudió una patrulla al lugar del examen para identificarlo, "causándole gran perturbación ya que en ese momento se encontraba reclamando el resultado de una prueba física".

Por todo ello, Fiscalía pide para los dos acusados hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros, además de suspensión para empleo y cargo público por tiempo de tres años y para el ejercicio de función pública relacionada con registros informáticos.