La okupación de viviendas es una lacra para muchos propietarios de inmuebles que, según los expertos, se ha incrementado tras la pandemia. Un nuevo caso de usurpación de inmuebles ha llegado a los juzgados de la ciudad olívica (segunda ciudad gallega más afectada por este problema, solo por detrás de A Coruña), que han acogido esta mañana dos vistas en relación a la vivienda de viguesa residente en Alemania que lleva más de un años sin poder entrar en la casa que heredó de sus padres.
A pesar de no hacer uso del inmueble, la demandante ha tenido que pagar, en este tiempo, miles de euros por el consumo de servicios relacionados con el inmueble (luz, agua e incluso internet).
Según ha informado Europa Press, la primera vista (juzgado de instrucción 1 de Vigo) trató la denuncia por parte de la propietaria de un primer okupa que se instaló en la vivienda entre marzo y septiembre del pasado año y que tras su marcha se llevó, electrodomésticos, mobiliario y recuerdos familiares y personales de la afectada. Esta okupación supuso para la víctima gastos por más de 1.500 euros. El acusado no se presentó en los juzgados.
En la segunda vista, celebrada en el juzgado de instrucción 7 de la ciudad pocos minutos después, sí se presentaron las acusadas, dos mujeres, tía y sobrina, que aseguraron ante el tribunal que estaban pagando una renta mensual de 750 euros al propietario de la casa, un tal Alberto, que resulta ser el primer okupa denunciado.
Estas mujeres presentaron un contrato de arrendamiento, mientras que la afectada hizo lo propio con los papeles que confirman su propiedad así como las facturas de los gastos a los que ha tenido que hacer frente.
Acusación particular y defensa
Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado que las dos acusadas sean condenadas al pago de una multa de 900 euros, a pagar las facturas de los suministros durante su estancia en la casa okupada (que todavía habitan) y los billetes de avión de la perjudicada, por el desplazamiento desde Alemania para afrontar este problema, en total algo más de 2.800 euros.
Además, las acusaciones piden que las procesadas indemnicen solidariamente a la propietaria de la vivienda en 6.000 euros por los daños morales, y que se dicte orden de desalojo "inmediato".
Por su parte, las letradas de la defensa han pedido la libre absolución. En el caso de una de las acusadas, porque cuenta con un contrato de alquiler que es "un título justo de arrendamiento" y, en el caso de su tía, porque solo está en la casa "circunstancialmente", ya que tiene fijada su residencia en Ferrol.
La defensa ha reseñado, además, que los documentos presentados por la afectada no demuestran la propiedad de la vivienda. "No se aportaron recibos a su nombre, no aportó título de propiedad, ni del registro, no hay ningún recibo catastral a su nombre, ni impuesto de sucesiones, han venido a juicio sin nada", ha manifestado.