El caso del crimen perpetrado en un garaje de la calle Rosalía de Castro, en abril del 2004, y que tuvo como víctima a un empresario de la ciudad, ha sido cerrado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. Concretamente, el magistrado declaró concluso el sumario por falta de pruebas y sin procesamientos.

Tal y como se recoge en el auto, tras las diligencias practicadas y el análisis de las circunstancias que rodearon al caso, tan solo se han obtenido en firme "hipótesis y conjeturas del principio, no corroboradas con hechos objetivos, y que, por tanto, no sirven de base para continuar la investigación". No obstante, el juez destaca que “la hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo a la víctima”. En este extremo, se conoce que las relaciones familiares, por aquel entonces, eran "turbulentas", y que la propia víctima "temía por su vida". Se produjeron, además, denuncias por "cuestiones económicas y empresariales”.

El procedimiento se reabrió hace casi dos años, en noviembre de 2021, tras constatarse en la instrucción "numerosas dudas e incongruencias, que necesitaban una respuesta lógica”, sin embargo, en aquel momento ya se advirtió de que "el transcurso del tiempo podría hacer muy difícil y, en algún caso, imposible, cerrar todas esas incertidumbres de manera clara”.

Duda del "profesional por encargo"

En el auto se especifica que, una semana antes del homicidio, un vecino del mismo edificio donde tuvo lugar el crimen encontró "un cartucho percutido que resultó del mismo calibre, marca, características y disparado con la misma arma que luego se usó en el crimen”. Por lo anterior, y tal y como recalca el magistrado, “surge la duda de si este crimen fue o no cometido por un profesional por encargo, ya que semejante descuido de dejar abandonado un cartucho percutido y usar luego para cometer el crimen la misma arma y la misma munición no parece acomodarse al perfil de un sicario profesional".

Con respecto a lo anterior, se especifica también que “por la posición del cadáver y la ubicación de los cartuchos, policialmente se llega a la convicción de que la víctima vio al agresor y que lo conocía, ya que no hizo intención de huida, sino de meterse en el interior de su vehículo para esquivar un enfrentamiento verbal".

Por último, el magistrado habla de una investigación policial que fue, en su momento, “especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico" y achaca esto a la sustitución de algunos de los funcionarios "más competentes" y adscritos a la comisaría y que fueron "desplazados" por "otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona”.

Por todo lo anterior, y debido a que quedaron "cabos sueltos" que, el paso del tiempo ha impedido concretar, así como al hecho de que las últimas versiones de los testigos no hayan contribuido a esclarecer el caso, éste se ha dado finalmente por cerrado.