Tras las protestas secundadas por UGT y los sindicatos policiales por los recortes de personal de vigilancia en la Ciudad de la Justicia de Vigo, un nuevo asunto relacionado con la seguridad de las instalaciones pone en guardia a las organizaciones sindicales. La CIG ha convocado una protesta ante el edificio el próximo lunes para expresar su rechazo a las condiciones del nuevo concurso para la contratación del servicio privado de seguridad.
El sindicato ha difundido un comunicado en el que explica que los pliegos de condiciones no contemplan una dotación económica "suficiente para cubrir los gastos salariales del personal que va a ser subrogado"; actualmente figuran 11 personas para cubrir 10 jornadas y el concurso contempla siete jornadas a contratar. Además, la CIG detalla que el concurso "no da respuesta a las necesidades de vigilancia y seguridad de las instalaciones".
Pedro Pérez, responsable nacional de seguridad privada de la CIG, insta a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a "tener en cuenta" la realidad del edificio judicial y atender "las necesidades reales para la realización de un servicio de seguridad y vigilancia verdaderamente efectivo". Por todo ello, convocan una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia el lunes 18 de septiembre, de 10:30 a 12:00 horas.
Seguridad "garantizada"
En relación al presunto recorte de personal tras la concentración del servicio de seguridad en unas mismas instalaciones, la Xunta de Galicia informa que la Unidad de Vigilancia de Edificios Judiciales (Uvex) ha avalado el servicio de seguridad previsto para la Ciudad de la Justicia de Vigo.
Así se lo trasladaron los responsables de la Unidad por parte de la Policía Nacional, Vicente Rivero, y de la Guardia Civil, Miguel Estévez, al director general de Xustiza, José Tronchoni, en una reunión para evaluar la nueva situación de la seguridad judicial en Vigo.
Los responsables de Uvex han confirmado que la seguridad está "garantizada y cuenta con todos los efectivos necesarios" conforme al convenio con el Ministerio del Interior, firmado en 2018 y que fue renovado y actualizado el pasado diciembre para su aplicación este año conforme a la nueva situación. Además, la Unidad ha declarado que no es necesaria la vigilancia presencial durante 24 horas.