El Concello de Vigo da por finalizado el dispositivo de emergencia activado el pasado mes de octubre para atender a los supervivientes del incendio de un edificio en la calle Alfonso X El Sabio, en el que perdieron la vida tres menores de edad y su madre. La Administración local realojó entonces a varias personas en hostales, que deberán abandonar a partir del día 2 de mayo, o abonar ellos mismos su precio.

Según ha explicado el Concello en un comunicado, se intentó contar con la intervención de la Xunta para encontrar una alternativa habitual estable para las personas afectadas por el incendio, pero tras diversas reuniones, aseguran que "la conclusión de la Xunta de Galicia fue que no tiene viviendas en la ciudad de Vigo, ni en el área metropolitana, para atender la situación de estas familias".

A partir de ahí, según subraya el Ayuntamiento, el gobierno local suscribió un contrato con una entidad especializada en captación de vivienda en el mercado libre para personas vulnerables. Gracias a esto, cuatro de las ocho familias alojadas en el dispositivo de emergencia ya accedieron a una vivienda definitiva y el Concello abonó la fianza, el seguro y el mobiliario.

"Dado que ya pasaron más de seis meses desde la entrada en funcionamiento del dispositivo temporal de emergencia y que las cuatro unidades de convivencia que aún permanecen en hostales sufragados por el Ayuntamiento rechazaron la solución habitacional ofrecida o mostraron una mínima adherencia al seguimiento social para revertir la situación, teniendo en cuenta que todas ellas tienen ingresos, el Ayuntamiento da por finalizado el dispositivo temporal de emergencia", añade el comunicado.

De este modo, según informa Europa Press, las familias afectadas deberán buscar una alternativa habitacional o seguir pagando el hostal donde residen, aunque el Ayuntamiento se ha ofrecido a pagar las fianzas y los seguros que necesiten cuando encuentren una vivienda.

Reacción de la Xunta

Ante las críticas del Ayuntamiento, la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, ha enviado un audio a los medios de comunicación defendiendo que desde el Ejecutivo autonómico se atendió desde un primer momento a las víctimas y se ofreció un convenio al ente municipal para financiar las actuaciones y determinar cómo colaborar en el dispositivo. Un convenio que, denuncian, el gobierno local rechazó.

Ortiz sostiene que se ofreció hasta en dos ocasiones un convenio para establecer las bases de la colaboración entre ambas administraciones que fue rechazado por el ente vigués y resalta que "el Ayuntamiento debe ejercer sus competencias dentro de su territorio ante una situación que requiere actuación coordinada".

Además, reivindica que la Xunta atendía a algunos de los niños que vivían en el edificio, así como a sus familias, y que asumió la tutela de una de las menores hospitalizadas y la guardia de sus hermanos. Sin embargo, la edil de Política Social, Yolanda Aguiar, niega haber recibido ninguna propuesta de colaboración por parte de la Xunta y critica que el ente autonómico estuvo "ausente" durante estos seis meses.

"La Xunta de Galicia lo que tiene que hacer es ejercer las competencias propias en materia de vivienda protegida para personas en riesgo de exclusión social. El dispositivo de emergencia es, como su nombre indica, de emergencia. Pasaron seis meses, estas familias ya no están en una situación de emergencia, están en una situación de carencia estructural de vivienda", afirma Aguiar.

Protestas del BNG y Os Ninguéns

La situación incierta de los 10 afectados que vivían hasta ahora en hostales sufragados por el Concello de Vigo ha sido denunciada por el BNG y el foro socieducativo Os Ninguéns, quienes convocaron una concentración este martes por la mañana ante la sede de la Xunta en la ciudad olívica.

El partido nacionalista ha criticado que el Gobierno local "eche a la calle sin alternativa" a estas personas y rechaza la "excusa" del elevado coste del dispositivo social puesto en marcha tras el incendio, "teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con más de 200 millones de euros de remanente y con un presupuesto este 2024 que se aproxima a los 400 millones".

"Es un acto inhumano y cruel que supone, además, incumplir la promesa pública y privada trasladada reiteradamente por la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, de que nadie quedaría en la calle", ha lamentado el portavoz del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas.

Para Igrexas, "este drama es la punta del iceberg de la realidad social de la ciudad, en la que el gravísimo problema de la vivienda provoca que cada día se produzca en Vigo un desahucio sin alternativa habitacional".