Además, según alertan los sindicatos CIG, CCOO y USO en un comunicado, la nueva concesionaria que cogió el testigo de Ambulancias do Atlántico, Emersan-Saluser, se niega a abonar la "paga de regularización de convenio colectivo". Esta paga, informan, se le debe a los trabajadores en correspondencia con la subida del convenio colectivo del periodo íntego de 2023 y los tres primeros meses de este año, que supondrá para cada operario unos 1.725 euros.

Los representantes sindicales acusan a la Consellería de Sanidade y al 061 de incumplir el compromiso de vigilar que las empresas concesionarias atiendan a la legislación vigente y además, afean que no se haya intervenido Ambulancias do Atlántico, como reclamaban.

Según denuncian, la empresa pública Tragsa (cuyos servicios anunciados iban a ser la dirección y administración de la empresa) se limitará a "un punto de atención al personal trabajador que tenga dudas con las cantidades que se les deben", que estará situado en el Hispital Nicolás Peña en horario de mañana. Esto se aleja de la presunta intervención cotejada en reuniones pasadas entre Xunta y organizaciones.

De este modo, tras amenazar a principios de junio con convocar una huelga si no mejoraba la situación, los sindicatos pactaron por unanimidad en una asamblea urgente celebrada ayer la convocatoria de una huelga indefinida y un calendario de movilizaciones que afectará al servicio urgente del 061. La decisión será comunicada oficialmente a la actual concesionaria mañana, miércoles 26 de junio.