El tribunal de jurado conformado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha declarado culpable de un delito de asesinato y de un intento de robo a Balbino S.E., procesado por la muerte de su vecina Cándida S.P., de 72 años de edad, en Tirán (Moaña), en julio de 2021.

Tal y como recoge Europa Press, en su veredicto, el jurado ha considerado probado por unanimidad que el 3 de julio de 2021 por la mañana Balbino entró en la casa de la víctima con intención de robarle. Por mayoría de 8 votos, ha estimado que, para conseguir su propósito, la agredió de forma "sorpresiva", causándole diversas lesiones y, aunque ella trató de zafarse y refugiarse en el baño, el acusado derrumbó la puerta de una patada.

Asimismo, el jurado ha visto probado que la maniató y le puso una cuerda al cuello, causándole la muerte por asfixia, sin que la mujer tuviera posibilidad de defenderse.

Todo ello en base a los informes periciales de la Guardia Civil que constataron el hallazgo de sangre de la víctima en las zapatillas del acusado, así como en unos guantes localizados en su casa. Igualmente, han recordado que los investigadores localizaron las llaves de casa de la víctima en el domicilio de Balbino.

Por otra parte, ha considerado no probado que el acusado, consumidor de drogas con una "dependencia moderada", hubiera tenido afectadas sus capacidades volitiva e intelectiva en el momento de los hechos. Igualmente, el tribunal popular tampoco ha visto probada la especial vulnerabilidad de la víctima (argumento en el que se basaba la acusación particular para pedir prisión permanente revisable).

El jurado se ha manifestado contrario a la suspensión de la pena o a la aplicación del indulto total o parcial.

A la vista del veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de 25 años de prisión, y de 30.000 euros de indemnización para el único hijo de Cándida. Asimismo, ha pedido que se le prorrogue la prisión provisional ante el "riesgo de fuga".

Por su parte, la acusación particular se ha adherido a la petición de pena de prisión del ministerio público, mientras que la defensa ha solicitado que se le imponga la pena en su grado más bajo.