El Bloque Nacionalista Galego reclama movilizar más recursos de la Xunta de Galicia y del Concello de Vigo al combate y la atención de la violencia machista. Por este motivo y aprovechando la proximidad del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, el frente nacionalista trasladará una moción al Pleno municipal con una batería de medias para reivindicar compromisos económicos de los Gobiernos gallego y local, recogiendo las demandas del propio movimiento feminista.
"La violencia machista es el problema más importante que afecta a la vida de las mujeres en nuestra sociedad", defendió en la presentación de la moción a concejala del BNG de Vigo, Ana Martínez, recordando que este año fueron asesinadas cuatro mujeres en Galicia, además de una víctima de violencia vicaria.
Frente a esta situación "inaceptable", con más de 1.400 órdenes de alejamiento activas y 7.795 casos activos en el programa Viogen, la edil del Bloque reivindicó la necesidad de que las administraciones destinen más recursos económicos, materiales y humanos para proteger a las mujeres. Solo en el que va de 2024, subrayó, ya alcanzamos la misma cifra de feminicidios en el Estado que en el año 2023.
"Observamos con preocupación como las cifras se normalizan en el lugar de escandalizar", advirtió Martínez, señalando la proliferación de "discursos negacionistas y banalizadores" impulsados por la derecha y la extrema derecha, así como aquellos que sitúan la violencia machista cómo "algo individual o inevitable cuando existe una responsabilidad colectiva, institucional y social".
Demandas del BNG
Entre las demandas, la concejala del BNG exigió de la Xunta un plan de refuerzo en el área sanitario para "prestar la atención de salud mental que necesitan" las mujeres víctimas de violencia machista.
Otro de los aspectos fundamentales en la lucha contra la violencia machista, a juicio de las nacionalistas, es reforzar los recursos de proximidad como el Centro de Información a la Mujer (CIM). Además, la moción del BNG exige una rectificación de la Xunta en su intención de privatizar la gestión de los centros de crisis 24 horas para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual.