El alcalde de Valencia financió de forma irregular la cátedra en la que trabajaba su hijo

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Las Naves, financió de forma irregular la cátedra en la que trabajaba el hijo del alcalde. Así lo acredita en un duro informe el interventor municipal tras analizar las cuentas de esta entidad. Entre las muchas objeciones que emite, se encuentra la falta del control municipal sobre el destino de los fondos que aporta ni sobre el excedente de los mismos.

Se trata de la Cátedra de Transición Energética Urbana, adscrita a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, el consistorio, a través de dos entidades controladas por Compromís, ya ha brindado un total de 340.000 euros a la cátedra en la que investigaba David Ribó, secretario de organización del partido en Valencia e hijo del primer edil, Joan Ribó.

"En el ejercicio 2018, la fundación formalizó tres convenios para la creación de las cátedras de Transición Energética Urbana, Economía Colaborativa y Transformación Digital, y l'Horta de València Territorio Metropolitano", recuerda el interventor.

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Su informe precisa que, "en virtud de las cláusulas regulatorias de los convenios, la fundación se comprometía a financiar durante los ejercicios 2019 y 2020 las actividades de las cátedras mediante una aportación anual de 90.000 euros, 60.000 euros y 30.000 euros, respectivamente". En 2021, se prorrogaron estos convenios, "siendo la aportación anual de la Fundación de 45.000 euros, 30.000 euros y 15.000 euros, respectivamente"

A continuación, el fiscalizador desglosa una larga batería de reparos. "Del análisis de las cláusulas regulatorias de los convenios y de sus prórrogas se concluye que se trata de actuaciones de naturaleza subvencional, ya que se produce una traslación patrimonial de financiación de la Fundación a las universidades", expone en primer lugar.

"Ante ello, cabe señalar que la disposición adicional decimosexta de la Ley General de Subvenciones (LGS) establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando se autorice de forma expresa por la Administración a la que esté adscrita, circunstancia que no se acredita en los expedientes", agrega. 

Seguidamente, el interventor lamenta que con estas aportaciones "no se han cumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación previstos en dicha ley, ni se han aprobado con carácter previo a su otorgamiento unas bases reguladoras como exige la misma".

"Además, la constitución de cátedras queda fuera de las competencias municipales previstas en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)", asevera.

Ejecución irregular

Independientemente de lo arriba reseñado, el interventor agrega las siguientes irregularidades a partir "del análisis de la ejecución de los convenios". "La Universitat Politècnica de València y la Universitat de València son patronos de la Fundación, sin que en los expedientes consten las necesarias declaraciones de ausencia de conflictos de interés", recoge. Es decir: ambas universidades forman parte de la fundación que financia sus propias cátedras, y no costa si se han abstenido de tomar decisiones económicas a su favor.

Así mismo, "no consta en el expediente autorización expresa y previa del protectorado, tal y como requiere el artículo 20.1 del Decreto 68/2011, de 27 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana", añade la auditoría.

El interventor también afea a Las Naves que no haya vigilado convenientemente el uso que se hacía del dinero público. "Los compromisos financieros anuales asumidos por la Fundación no están vinculados a una justificación de los gastos por parte de las universidades, sino tan solo a la presentación de unas relaciones de gastos".

Tal circunstancia "supone una vulneración del artículo 48.4 de la LRJSP, ya que en el mismo se establece que la justificación de los gastos de los convenios de los compromisos financieros asumidos por los organismos públicos deberá ajustarse a la legislación presupuestaria".

"Por otra parte, en los expedientes no existe evidencia de que los convenios sean financieramente sostenibles, tal como exige el artículo 48.5 de la LRJSP", agrega en la misma línea.

Sin control de excedentes

A su vez, en algunos de los ejercicios de vigencia de los convenios, "el importe de los gastos que figuran en las relaciones justificativas presentadas por las universidades han sido inferiores a las aportaciones realizadas por la fundación". Todo ello, según afea el interventor, "sin que se haya producido un reintegro de los excesos, hecho que supone un incumplimiento del artículo 46 de la LRJSP".

En este sentido, el informe también reseña que las relaciones "contemplan determinados gastos de ejercicios que no se corresponden con el de aplicación de los convenios, y en ocasiones difieren de la información que consta en la memoria de actividades a la que acompañan".

Y cita un ejemplo concreto: "Una parte significativa de los gastos que conforman las relaciones justificativas presentadas por las universidades se corresponden con contrataciones de personal, gastos que, de acuerdo con las cláusulas regulatorias de los convenios, no forma parte de las actividades a financiar por la fundación. De hecho, en uno de los convenios, el 93,3% del importe financiado por la fundación se destina a la contratación de un técnico de la cátedra", manifiesta.

Ante el presente relato del interventor, el PP ha exigido explicaciones al alcalde porque el "rosario de irregularidades es escandaloso".