ERC y Junts presionan contra la ampliación del puerto de Valencia y la patronal avisa de un "conflicto" territorial

Los empresarios valencianos han advertido este lunes a Pedro Sánchez que la ampliación del Puerto de Valencia, pendiente de ejecución desde hace cinco años, no puede utilizarse "como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política" y han mostrado su total apoyo "al proyecto de construcción de la terminal norte".

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha rechazado en un comunicado "las supuestas presiones por parte de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Cat, para que no se amplíe el Puerto de Valencia".

La CEV ha recordado que la ampliación "ya está realizada" y que "dos formaciones catalanas no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunitat Valenciana".

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"En ese sentido, esperamos que una infraestructura clave como ésta no se utilice, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política", ha subrayado la organización que preside Salvador Navarro.

El proyecto es "clave desde el punto de vista económico, empresarial y social".

"De ahí que pidamos al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que en caso de existir presiones por parte de ERC y Junts per Cat para frenar la terminal, las desoiga", piden los empresarios.

Desde la CEV esperan que "esas supuestas negociaciones, no oficiales, pero puede que oficiosas, no deriven en la paralización de la terminal norte del Puerto de Valencia".

"La competencia entre comunidades es entendible pero también debe ser responsable, igual que debe serlo la actuación del Gobierno, al que pedimos que actúe con visión del conjunto del Estado y no acepte unas presiones que podrían derivar en un conflicto interterritorial", razona la CEV.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ya aprobó la inversión que debe realizar el Puerto para adecuar la nueva terminal de contenedores.

Por tanto, "sólo queda una actuación y es la autorización que debe realizar el Consejo de Ministros para dar el visto bueno a la decisión aprobada en el seno del consejo de administración del puerto. Sólo queda ese paso".

Los empresarios recuerdan que Puerto de Valencia es, en estos momentos, el número uno del Mediterráneo en import-export de contenedores y el cuarto de Europa.

La Comunidad de Madrid está representada en un 25% dentro de esos movimientos económicos, dado que el origen/destino procede de esa comunidad.

La ampliación del Puerto de Valencia significa una inversión en torno a los 1200 millones de euros y la creación de 7000 puestos de trabajo.

"Por tanto, esta situación no refleja un problema únicamente de la Comunitat Valenciana, sino que también afecta a la economía del país", expone la CEV.

Por todas estas razones, "la ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto necesario e innegociable para la Comunitat Valenciana, como también debería serlo, por las mismas cuestiones, para toda España".

Rechazo soberanista

El soberanismo catalán no esconde su rechazo a la ampliación del puerto de Valencia. ERC y la CUP ya se posicionaron junto a Podemos y Compromís en contra del proyecto.

Todo, mientras la ampliación del puerto de Barcelona -el recinto rival al valenciano para captar los grandes tráficos- se desarrolla sin oposición social. Allí "no existe la polémica", como reconoció Gabriel Rufián, preguntado por este diario, en una de sus visitas a la Capital del Turia.

Frente a este eje contrario a la infraestructura, se encuentran ahora los renovados gobiernos de Carlos Mazón y María José Catalá en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

El PP, que ya tenía en la ampliación norte una de sus banderas, se enfrenta ahora al reto de desbloquearla desde el poder autonómico.

Los trámites para la creación del nuevo gran muelle se activaron con el único voto en contra del entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís).

En su momento, pareció un mero posicionamiento político, pero activó una escalada de oposición al proyecto, abanderada por Compromís y Podemos, que disparó el temor de los socialistas, incapaces de culminar el proceso desde entonces.

Las formaciones a la izquierda del PSOE se incorporaron al debate con la ampliación ya construida. El dique de abrigo de la misma se construyó en 2012 y costó 203 millones de euros.

Su impacto en las playas del sur de la ciudad, en consecuencia, se produce desde esa fecha. Pero no fue hasta 2019, cuando MSC abanderó la construcción del muelle interior, cuando afloró la oposición a la infraestructura.

Ambos partidos, con la entonces vicepresidenta Mónica Oltra como máximo exponente contra el crecimiento del puerto valenciano, reclamaron una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al considerar que la existente, que data de 2007, no se corresponde con el proyecto final de MSC.