El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, conocido como Pativel, impulsado por el Consell del expresidente socialista Ximo Puig.
El alto tribunal ha estimado el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia dictada en 2021, en la que la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal valenciano daba la razón a la demandante, la mercantil Inversiones Costa Este SL, declarando nulo el decreto del 4 de mayo de 2018 que aprobó el Pativel y el Catálogo de Playas.
El TS validó por primera vez el Pativel en 2022 y ahora vuelve a reiterar todos los argumentos. Los magistrados han pedido al TSJCV que valore otros puntos del recurso que afectan a la legislación autonómica y dicte una nueva sentencia.
La sentencia, que lleva fecha del pasado 4 de septiembre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, llega con el popular Carlos Mazón al frente de la Generalitat tras el pacto de PP y Vox. El ponente ha sido Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2013 y 2022.
El contenido de la resolución se conoce solo unos días después de que la consellera de Territorio, Salomé Pradas, anunciara una revisión del plan.
Pradas defendió que el Consell de PP y Vox harán "compatible la protección medioambiental y la sostenibilidad con la llegada de inversiones a la Comunitat Valenciana".
Este plan otorgó un plazo de cinco años para reactivarse, pero al llegar el año 2023, el anterior Ejecutivo autonómico se comprometió a revisar caso por caso.
Hay al menos siete planes urbanísticos afectados de diversos municipios de la costa de Alicante, Castellón y Valencia. Su desarrollo implicarían la construcción de 18.000 viviendas en una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados.
Con la ley en la mano, si estos planes no cumplen con los requisitos del Pativel, los terrenos pasarían a ser suelo protegido no urbanizable, perdiendo los promotores los derechos urbanísticos.
La consellera Salomé Pradas, a la izquierda, comparece junto a Ruth Merino, responsable de Hacienda.
Los argumentos
El Supremo ha vuelto a rechazar los argumentos de las promotoras, en este caso de la mercantil Inversiones Costa Este SL, ubicada en Oropesa.
La empresa argumentó que el Pativel "no se ha sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica, habiéndose omitido la evaluación de las distintas alternativas posibles".
Además, denunció que el documento no recogía "los preceptivos informes en materia de género, familia e infancia" ni una memoria económica.
Todos los argumentos han vuelto a ser tumbados por el Supremo.
"Una vez expuestos los aspectos tratados en el documento de evaluación ambiental y territorial estratégica y los términos en que ese examen medioambiental se ha realizado, la Sala no alberga duda alguna de que su contenido es suficiente y adecuado en función de los objetivos, el ámbito geográfico y territorial, y las determinaciones del Pativel.
Por tanto, el Supremo vuelve corregir el criterio del TSJ de Valencia, que estimó que "no se había tenido en cuenta la realidad material del suelo afectado, sino solo aspectos económicos, sin atender a aspectos ambientales, paisajísticos o territoriales, optando por la alternativa que menos indemnizaciones generaba".
Sin embargo, concluye ahora el Supremo, la documentación del plan evidencia que "sí se ha llevado a cabo, en lo sustancial, el análisis de los efectos que el Pativel pudiera tener".
Igualmente, continua la sentencia, "no puede afirmarse en este caso que los informes sobre impacto de género, familia, infancia y adolescencia puedan calificarse de rituarios y, por tanto, deban considerarse como inexistentes".
"Lo que ocurre es que ese documento debe ser analizado desde la perspectiva adecuada, que no es otra que la derivada de las propias características de un plan de ordenación territorial en el que se trazan las grandes líneas maestras, el marco general de referencia al que -como hemos dicho reiteradamente- habrán de ajustarse en el futuro los planes urbanísticos de ámbito territorial inferior", concluye el Supremo.
La posición de Mazón
El Supremo está aplicando su doctrina en todos los recursos que se presentaron contra el Pativel, pero el nuevo Gobierno autonómico revisará la actual legislación.
De hecho, durante la última precampaña electoral el presidente Carlos Mazón anunció "una nueva ley autonómica de ordenación del litoral para compatibilizar su uso con la protección".
Además de la norma autonómica, Carlos Mazón criticó que la aplicación del nuevo reglamento de la Ley de Costas por parte del gobierno de España está provocando una situación muy grave en muchos municipios de la costa. "Estamos ante una ley sectaria, ideológica y alejada de la realidad".
"Revisaremos el Pativel para adecuarlo a ley y para corregir los aspectos más cuestionados de este plan. Es decir, no vamos a corregir los metros de afección que se regulan a nivel nacional, pero sí desarrollar el contenido y lo que se podrá y no se podrá alterar dentro de esos metros de protección", se comprometió.