El PP rechaza implantar el pin parental en los centros educativos valencianos al menos por el momento. Fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por El Español, aseguraron que la propuesta de Vox para que las familias puedan vetar los contenidos que reciben sus hijos no está encima de la mesa.
Dejan así en el aire la petición de sus socios de gobierno, que expresaron su voluntad de registrar en las Cortes Valencianas una iniciativa para instar al Gobierno autonómico, del que forman parte, a poner en marcha el pin parental y acabar con "el adoctrinamiento" en las aulas.
El secretario general del partido, Ignacio Garriga, explicó que la propuesta, que todavía no se ha registrado en el Parlamento valenciano, busca acabar con cualquier "intento de adoctrinamiento ideológico" y que se "prohíban" los materiales que "puedan afectar a la inocencia de los menores".
En esta línea, abogó por revisar los libros de texto y el material porque, según aseguró, "se miente sobre realidades biológicas, científicas, antropológicas e históricas".
El pin parental es una herramienta que concede a las familias o tutores de los menores la capacidad de decidir si sus hijos participan o no en clases o talleres sobre cuestiones como la igualdad de género, la diversidad o la educación sexual.
PP y Vox acordaron en junio, cuando firmaron el pacto de gobierno para la Comunitat Valenciana, adoptar medidas para "sacar la ideología de las aulas" y permitir que los padres "elijan la educación de sus hijos".
En el punto 28 del documento, ambas formaciones pactaron que los padres puedan elegir libremente y "en su caso, autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares".
Sin embargo, parece que el pin parental no será una realidad a corto plazo en los colegios valencianos, ya que no está entre los planes del PP, que dirige el Departamento de Educación.
La Conselleria que dirige José Antonio Rovira está centrada en reformar la ley del plurilingüismo aprobada por el Gobierno anterior presidido por Ximo Puig, en coalición con Compromís y Podemos, con el objetivo de garantizar la libertad de lengua.
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, en Les Corts. EE
Los primeros cambios se aprobarán durante este trimestre en Les Corts valencianas, cuando previsiblemente los diputados (PP y Vox tienen mayoría absoluta) darán luz verde a la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la conocida como Ley de Acompañamiento.
En ella, el Gobierno valenciano ha introducido varias reformas exprés para garantizar la libertad de las familias a elegir la lengua en la que estudian sus hijos. Además, se suprimirá la obligatoriedad de impartir al menos el 25% de las asignaturas en valenciano en las comarcas castellanohablantes.
La norma afectará a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato y Formación Profesional, de los centros públicos y privados, y se pondrá en marcha el próximo curso, el de 2024-2025.
En paralelo, la Generalitat Valenciana trabaja en una reforma más profunda en la que el eje central será la libertad de elección de las familias. "El que quiera estudiar en valenciano, que lo haga, todas las asignaturas si quiere. Se llama libertad de elegir", aseguró el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en una comparecencia reciente en el Parlamento autonómico.
Votación parlamentaria
Durante la pasada legislatura, el partido de Santiago Abascal se quedó solo en el Parlamento autonómico en su petición de instaurar en los colegios la exigencia de que los padres o tutores tengan que consentir las actividades relacionadas con la educación afectivo-sexual o la perspectiva de género.
El resto de los grupos (en ese momento formaban parte también Ciudadanos y Podemos) votaron en contra de la propuesta. La diputada del PP que en ese momento defendió la postura de su grupo fue Beatriz Gascó, quien consideró la propuesta de Vox "incoherente" y "completamente inviable".
Sin apoyo judicial
José María Llanos, diputado autonómico y líder de Vox en Valencia, ya fracasó en los tribunales en su intento por poner en marcha un control parental en los colegios con el gobierno de Francisco Camps (PP).
El derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos, o el pin parental que es como lo denomina Vox, no existe.
Esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Supremo (TS) y concluyó que el alumnado debe recibir todos aquellos conocimientos que les permita respetar concepciones distintas a las suyas.
Llanos fue el abogado de las familias que, a partir del año 2010, presentaron varias demandas ante el Tribunal Superior de Valencia (TSJ) para censurar contenidos y que sus hijos no estudiaran la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.