Zaplana comparece en el juzgado de guardia en una imagen de archivo.

Zaplana comparece en el juzgado de guardia en una imagen de archivo. EFE

Valencia CASO ERIAL

Buscan el ADN de Zaplana en los papeles por los que fue detenido para demostrar que no los tuvo en las manos

El tribunal acepta analizar si los documentos hallados por el empresario sirio contienen restos biológicos del exministro del PP.

24 octubre, 2023 15:02
Valencia

Eduardo Zaplana será juzgado a partir del 9 de enero por supuesta corrupción y la Audiencia de Valencia ha comunicado ya a las partes las pruebas declaradas pertinentes y que se exhibirán en las 40 sesiones que se desarrollaran en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana.

Entre todas las diligencias aceptadas, destaca la propuesta por el exministro de Trabajo de José María Aznar para demostrar que los documentos originales que precipitaron su detención e ingreso en prisión provisional durante 8 meses no son suyos ni los tuvo nunca entre sus manos.

La sección cuarta de la Audiencia ha dictado una resolución, avanzada por el diario Levante-EMV y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que autoriza la pericial solicitada por la defensa de Eduardo Zaplana para buscar restos biológicos en la documentación.

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Para realizar este análisis, los papeles originales, custodiados por el juzgado de Instrucción 8 de Valencia, se remitirán al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil "a efectos de su análisis y detectar en dichos documentos restos lofoscópicos, biológicos o genéticos atribuibles o compatibles con Eduardo Zaplana Hernández-Soro", según consta en la solicitud que presentó su defensa.

Un registro ordenado en 2015 contra el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, conocido como el yonki del dinero, fue la clave que puso en marcha la investigación contra el presidente valenciano.

En el transcurso de las diligencias, la Guardia Civil localizó una serie de documentos en el despacho de un abogado relacionado directamente con Marcos Benavent. Al analizar la documentación, se dieron cuenta de que se trataba de presuntos pagos en dos importantes licitaciones de la Comunitat Valenciana, fechadas en 1997 y 2005.

Los documentos contienen información sobre licitaciones y adjudicaciones investigadas así como información concreta sobre las operaciones societarias que se derivaron de esos negocios.

Imad Ahmad Al Naddaf, empresario sirio afincado en Valencia, habría sido la primera persona que encontró la documentación comprometedora sobre Eduardo Zaplana 

Al Naddaf, quien fue presidente del Centro Islámico de la capital valenciana, entró a vivir a un piso que previamente tuvo alquilado el exministro en una céntrica plaza de Valencia. Al Naddaf decidió hacer reforma y durante de la obra encontró diversos documentos en una especie de falso techo. 

Al ver que podían contener información relevante, puso los papeles en manos de Marcos Benavent, por aquel entonces vicesecretario del PP de Valencia. 

Zaplana ha negado desde el principio que esos documentos sean suyos. La defensa alegó que están fechados en días posteriores a los que el exministro vendiera su casa, en 2006, y que no existe ninguna prueba de que fueran de su propiedad.

La prueba que la Audiencia de Valencia ha aceptado es muy común en causas relacionadas con el terrorismo, subrayaron a este diario fuentes de la defensa, y permite certificar científicamente si existen o no restos biológicos del procesado.

Pese al tiempo transcurrido y las personas que han consultado los papeles durante la investigación, estas fuentes defienden que el papel retiene restos genéticos durante años y permite identificar si son atribuibles o compatibles, en este caso, a Zaplana.

Además, el tribunal también ha aceptado que el ciudadano de origen sirio y Marcos Benavent declaren como testigo en el juicio para que aclaren el hallazgo.

Respecto a los interrogatorios, la Audiencia de Valencia también ha autorizado la declaración, entre otros, del polémico excomisario de la Policía José Manuel Villarejo.

Villarejo aseguró en mayo en el Congreso de los Diputados que el caso que afecta a Zaplana fue "una operación del CNI" contra el que fuera presidente de la Generalitat.

"Para las operaciones delicadas, el CNI nunca se ha fiado de la Policía, siempre ha utilizado a la Guardia Civil", dijo al respecto.

Según declaró Villarejo, el CNI impartió las "instrucciones" oportunas al coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, entonces jefe de la Unidad Central Operativa (UCO).

"Ha quedado acreditado, han salido algunas de las conversaciones que Corbí mantiene conmigo", apostilló.