Ximo Puig contrató a 2.387 funcionarios más durante sus dos legislaturas al frente de la Generalitat Valenciana. Se trata de un incremento del 19,73% de los "efectivos de las Comunidades Autónomas". En concreto, en el apartado de "consejerías y/o departamentos y sus organismos autónomos".
En este capítulo no computa el personal de Sanidad, Educación, Universidades y Justicia. Solo figuran los funcionarios. Y el crecimiento en la Comunitat Valenciana es el mayor de toda España, según los datos del Ministerio de Hacienda consultados por EL ESPAÑOL.
La evolución refiere realmente a un periodo de siete años, el transcurrido entre los meses de enero de 2015 y 2022, que es el último dato disponible. No computan, por tanto, las contrataciones que el presidente socialista pudiera haber hecho durante su último año y medio en el poder.
El número de funcionarios ha pasado desde entonces de 12.096 efectivos a 14.483. El aumento es de casi 2.400 trabajadores, cerca de un 20% más. Ninguna otra autonomía ha crecido de esta manera.
A nivel porcentual, la siguiente autonomía en la lista es Baleares, donde el personal de "consejerías y/o departamentos y sus organismos autónomos" creció un 14,75%. En términos absolutos, fueron 520 funcionarios más, al pasar de 3.526 a 4.046 entre 2015 y 2022.
Asturias creció un 11,05% en ese periodo; Murcia, un 10,07%; y Cantabria, un 9,26%. Les siguen La Rioja con un 8,69% y Castilla-La Mancha con un 5,67%.
En el lado opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, que en el mismo lapso temporal redujo un 14,5% sus efectivos al pasar de 24.445 a 20.901. Se trata de 3.544 funcionarios menos.
Las razones
Fuentes del equipo de Gobierno de Ximo Puig trasladan a EL ESPAÑOL que el incremento en la contratación durante sus dos legislaturas responde a dos políticas, la de cubrir "el gran número de vacantes existentes" y la de sacar "las oposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración".
Destacan grandes incrementos como los del personal incorporado para la tramitación de las ayudas a la dependencia o el desarrollo de plantas de energías renovables. También la asunción de servicios privados como la Inspección Técnica de Vehículos.
"Nos encontramos con la comunidad autónoma con menos funcionarios por habitante, fruto de los recortes del PP durante la crisis", argumentan. Subrayan al respecto los 17.409 trabajadores que tenía en enero de 2007, antes del crack inmobiliario.
En efecto, según las cifras ofrecidas la pasada legislatura por la Generalitat, la Comunitat Valenciana contaba en 2020 con 13.585 trabajadores de "consejerías y/o departamentos y sus organismos autónomos".
Ximo Puig, en el que fue su despacho en el Palau de la Generalitat.
Este dato, ponderado con la población valenciana de cinco millones de habitantes, ofrecía un ratio de "27 funcionarios de la administración autonómica por cada 10.000 habitantes".
"Era el menor dato de toda España, muy lejos de la media estatal de 45 trabajadores y de Extremadura, que ostentaba la primera posición con 125", precisan las mismas fuentes. No concretan, en cambio, en qué posición se situó la autonomía dos años después, tras contratar a cerca de un millar de funcionarios.
Más allá de esta circunstancia, lo cierto es que muchas autonomías han mantenido los efectivos de sus consejerías en niveles similares a los que tenían en 2015.
Aragón, Navarra, Cataluña y País Vasco han incrementado sus plantillas desde entonces, pero todas menos de un 3%. Andalucía, Canarias, Extremadura y Galicia han experimentado ligeros descensos, todos inferiores al 5%.
"Crecimiento desmedido"
La actual consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, lamentó el pasado lunes, cuando presentó las cifras globales de sus presupuestos autonómicos, el "crecimiento desmedido de la administración" que se encontraron al acceder al poder.
Preguntadas al respecto, fuentes del departamento consideran que los 2.400 funcionarios contratados durante la etapa de Ximo Puig responden a esta circunstancia, "que no ha ido acompañada de una mejora en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".
"Cuando hablamos de herencia recibida, también estamos hablando de un abultado volumen de gasto consolidado como consecuencia de haber creado una administración sobredimensionada", destacan.
Para el Ejecutivo de Carlos Mazón, "la administración debe tener el tamaño justo y adecuado". "Lo hemos demostrado con las primeras promesas cumplidas por el Consell sobre la eliminación de la grasa política, que va a suponer un ahorro de alrededor de 20 millones esta legislatura por la reducción de consellerias, altos cargos y asesores", agregan.
"La administración no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para generar las condiciones que contribuyan a crear riqueza y atraer inversiones a nuestro territorio. Nuestro principio es que la administración no debe molestar", concluyen.