El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una decena de sentencias contra la Generalitat Valenciana por haber incurrido "en abuso o fraude de ley" al mantener a parte de su plantilla como interinos pese a que llevan años trabajando para la Administración.
La última de las sentencias lleva fecha de 18 de octubre y el tribunal reconoce la vulneración de los derechos de una empleada pública, que ocupa una plaza de educadora de educación especial y lleva más de 10 años trabajando en la Generalitat como interina.
"No hay duda de la situación de abuso objetivo o fraude de ley por el nombramiento de la actora como funcionaria interina", concluye el tribunal en su resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En este caso, la empleada pública ha estado 10 años ocupando su plaza de manera provisional pese a que ha quedado acreditado que sus funciones responden a "necesidades estructurales de la Administración demandada", dice ahora el TSJ de Valencia.
La condena a la Generalitat Valenciana, explica la sentencia, se produce porque "la contratación de la demandante como funcionara interina ha incurrido en abuso o fraude de ley".
En consecuencia, la empleada "tiene derecho a la subsistencia de la relación de empleo -con los correspondientes derechos profesionales y económicos- hasta que la Administración cumpla debidamente" con el Estatuto Básico del Empleado Público.
La sentencia califica de "abuso" la actitud de la Administración valenciana, pero rechaza indemnizar a la empleada por daños y perjuicios.
Regulación inapropiada
Desde 2017, la Generalitat Valenciana ha activado una serie de medidas encaminadas a reducir la excesiva temporalidad en el empleo público. Pero no han sido suficientes y los afectados han iniciado una cruzada en los tribunales para que se reconozcan sus derechos.
Los afectados denuncian la situación actual de incertidumbre que afecta tanto a los empleados temporales como a las Administraciones públicas, además de censurar una regulación inapropiada y de años de un conjunto de prácticas inadecuadas.
El último caso analizado por los tribunales valencianos muestra la situación en la que se encuentran miles de empleados públicos.
La abogada de la trabajadora, María del Rocío López, denunció que la empleada lleva 10 años ocupando el mismo puesto de manera temporal y pidió el "reconocimiento del carácter fijo" y "subsidiariamente el reconocimiento de una indemnización de 40.000 euros por daños y perjuicios".
La demanda trasladó que no se tenía constancia que en las ofertas de empleo de 2017 y 2018 se haya ofertado esta plaza, mientras que la Generalitat Valenciana respondió que entre 2018 y 2019 se ofertaron cerca de 400 plazas de la especialidad de la demandante.
En cualquier caso, puntualizó la Generalitat, "la cuestión central ha sido ya resulta por el Tribunal Supremo y pasa por garantizar la permanencia en el puesto hasta que se saque a convocatoria pública para su cobertura".
"A la luz de dicha doctrina no hay duda de la situación de abuso objetivo o fraude de ley por el nombramiento de la actora como funcionaria interina", reitera el TSJ.
Por ello, entiende que "sólo cabe reconocer el abuso en la contratación temporal en los términos expresados por lo que ha de estimarse parcialmente el recurso en coherencia con esa conclusión".
Respecto a la indemnización, el tribunal valenciano la rechaza al no quedar acreditado los perjuicios ocasionados por esta situación.
Por ello, atendiendo el criterio establecido por el Supremo, podrá permanecer en su puesto hasta que se saque a concurso público su plaza, pero descarta declararla fija porque no ha pasado un proceso de oposición.
Medidas
En los últimos años, miles de empleados públicos temporales de toda España se han manifestado para denunciar el "abuso" que hacen las Administraciones públicas de la temporalidad.
Las organizaciones sindicales aseguran que en esta situación se encuentran unos 800.000 empleados públicos en España de todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica, local y organismos autónomos).
En 2021, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El acuerdo se tomó tras la celebración de dos Conferencias Sectoriales de Administración Pública, la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones públicas y el posterior acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
La reforma tenía como uno de sus objetivos completar los procesos de estabilización de empleo temporal. No obstante, se establecían plazos para cumplir con los compromisos, de forma que la resolución de estos procesos selectivos no estarán antes del 31 de diciembre de 2024.