El grupo parlamentario del PP y de Vox en las Cortes valencianas han presentado una enmienda conjunta a la denominada Ley de Acompañamiento de 2024 para reducir por ley el presupuesto de la radio y televisión públicas valencianas.
La Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat mediante la cual se creó À Punt, establece que la financiación del servicio público es mixta: una parte de dinero público y otra de ingresos derivados de la publicidad y otras actividades comerciales.
El artículo 38 de la norma señala que "las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en los presupuestos de la Generalitat" y añade que no podrán suponer "un importe inferior al 0,3% o superior al 0,6%" de las cuentas globales del Gobierno valenciano.
La enmienda registrada este martes por ambos partidos políticos, socios en el Ejecutivo de Carlos Mazón, pretende rebajar esta cantidad, estableciendo como inversión máxima el 0,3% de los presupuestos.
"El importe que se destine deberá ser, en todo caso, suficiente para garantizar en todo momento que se preste el servicio de una información de proximidad, derecho de todos los valencianos", reza la propuesta firmada por los portavoces parlamentarios del PP y de Vox, Miguel Barrachina y Ana Vega, respectivamente.
El partido de Santiago Abascal en un comentario en redes sociales amenazó con cerrar la televisión pública valenciana. La cuenta del grupo parlamentario en la Cámara autonómica publicó en abril de 2023: "Hola À Punt. Sois un insulto a los valencianos. Un desperdicio del dinero de todos y una máquina de adoctrinamiento separatista. Aprovechad lo que os queda en el convento, que os vamos a cerrar".
Sin embargo, esta cuestión no está entre los planes del Partido Popular. "No pretendemos cerrar ninguna televisión", dijo Barrachina cuando le preguntaron por el comentario de Vox.
47 enmiendas conjuntas
Ambas formaciones políticas han registrado de forma conjunta 45 enmiendas a la ley de Medidas Fiscales, que funciona como un cajón de sastre ya que a través de ella se realizan modificaciones de numerosas leyes autonómicas.
Rebajar el presupuesto no es la única modificación de la normativa que creó y desarrolló el nuevo medio de comunicación público de la Comunitat Valenciana tras el cierre de Canal 9.
PP y Vox proponen rebajar de la mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta los votos necesarios para aprobar el mandato marco, encargado de establecer los objetivos y las líneas estratégicas del ente público.
Añaden también un punto en el artículo 42 sobre las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación, con el objetivo de excluir a los operadores que hayan sido condenados por tráfico de influencias o sancionados por la Comisión de Defensa de la Competencia.
En cuanto a la composición del Consejo Rector, introducen modificaciones en la ley para que haya una persona propuesta por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en representación de los ayuntamientos.
Para la elección de los miembros de este órgano de dirección según la ley actual se requiere una mayoría reforzada. PP y Vox proponen cambiarlo para el caso de que uno de los candidatos no logre los votos en primera y segunda votación. Para la tercera piden que baste con una mayoría absoluta.
Fondo de Cooperación voluntario
Por otra parte, los grupos que sustentan al Consell proponen una modificación de la ley del Fondo de Cooperación Municipal para que la participación de las diputaciones sea voluntaria.
Durante la pasada legislatura, la Corporación provincial de Alicante que entonces presidía el actual jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, se negó a participar en este fondo impulsado por Ximo Puig.
Entre el resto de las enmiendas destacan algunas para apoyar al sector de la caza y para rebajar la ley de Bienestar Animal de 2023, excluyendo los animales federaciones para la práctica deportiva, que pasarán a regirse por los reglamentos de las federaciones.
También hay una enmienda técnica para corregir el nombre de la ciudad, que pasa de "València" a "Valencia", sin la tilde abierta que tanta polémica ha causado en el Ayuntamiento de la capital.
Por su parte, el grupo parlamentario socialista ha presentado enmiendas para incluir deducciones fiscales para los gastos de la cesta de la compra, tratamientos sanitarios y por donaciones con carácter humanitario. Reclaman también que se considere numerosas a las familias con dos hijos.
El diputado portavoz de Hacienda, José Muñoz, criticó este martes que "las clases trabajadoras son las grandes castigadas con las cuentas de la derecha y la ultraderecha".