La Audiencia provincial de Valencia ha condenado a 5 años de prisión al controvertido dirigente valenciano del PP Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, por corrupción en el caso Imelsa.
Junto a Rus también han sido condenados los exdirigentes del PP Máximo Caturla y Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa autodenominado como yonki del dinero. No obstante, en la misma sentencia ha resultado absuelto de todos los delitos por los que fue procesado el dirigente socialista Rafael Rubio.
En total, la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado 19 de los 25 acusados por las irregularidades en contrataciones de directivos, asesores y trabajadores de las empresas públicas Ciegsa e Imelsa entre 2004 y 2015 y ha absuelto a otros seis.
Así, la Audiencia ha considerado probado que Rus maniobró para colocar a cargos del PP y amigos en Imelsa y la empresa pública de la Generalitat Ciegsa. Pero en realidad eran personas de la máxima confianza de los condenados que cobraban sin ir a trabajar.
El tribunal ha impuesto las penas más altas al que fuera presidente de la Diputación valenciana entre 2007 y 2015, al ex consejero delegado de Ciegsa y al exgerente de Imelsa.
Al resto de los acusados, la Sala les condena a penas que van desde los cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta los 4 años y 4 meses de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación.
"Favores políticos"
Según ha concluido el tribunal, Marcos Benavent "suscribió los contratos para realizar favores políticos o por amistad, desviando los fondos públicos del servicio a que estaban destinados, con el consiguiente lucro de quien percibía los fondos o de las personas que resultaban beneficiadas".
"Como es el caso de Alfonso Rus", precisa la Audiencia, porque se pagó con dinero público "la retribución de uno de los futbolistas del Club que presidía", el Olímpic de Xàtiva.
La Fiscalía Anticorrupción concluyó que a raíz de la llegada de Alfonso Rus a la presidencia del Partido Popular de Valencia, en el congreso de 2004, "se produjo el nombramiento de Máximo Caturla como secretario autonómico de Educación de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes y consejero delegado de Ciegsa", la empresa pública que montó el PP para construir los colegios valencianos.
A partir de ahí, dijo la Fiscalía, se llegó "a un acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo".
Pero el tribunal ha considerado que no queda acreditada la estructura de organización criminal y condena a Rus por la malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Más propiamente, podemos decir que estamos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras jurídicas de grupo ni de organización criminal, como se explicará en el apartado de la calificación jurídica de los hechos", dice el tribunal.
Mientras, Máximo Caturla ha sido condenado por su papel en las contrataciones irregulares de la empresa pública Ciegsa.
"En el caso de Antonio Gil Monteagudo, Juan Sanchís Torres y Manuel Gómez Pérez, el contrato se hizo como favor personal, en consideración a su relación con el PP, al que Máximo Caturla pertenecía, y a su relación de amistad con el propio Máximo Caturla o con otros miembros del partido, con la necesaria aprobación de Alfonso Rus", explica la resolución.
Estos fueron ubicados "en una sede aparte del personal administrativo, sede donde se ubicaba un archivo, sin sujeción a control de presencia, donde realizaron algunas tareas que les encomendó el señor Caturla, como entrevistarse con alcaldes concernidos por las obras y el propio consejero delegado, que no se correspondían con ningún puesto de trabajo en la empresa".
La sentencia, que ha sido notificada este viernes a las partes, aprecia para todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.