El Ayuntamiento de Cullera, en Valencia, ha abierto una investigación sobre las viviendas del complejo residencial 37 Soles, promovido por la mercantil Realtor Inmo Spain SL, cuyo administrador es Juan Granell, quien compitió en 2014 contra Pablo Iglesias por el liderazgo de Podemos.
El complejo está ubicado en la Urbanización Faro del Mediterráneo. El área de Urbanismo de Cullera ya ha solicitado la Policía Local que averigüe e identifique si "los apartamentos concretos de dicho complejo son destinados a viviendas turísticas, así como que también identifique a los que puedan estar ocupando dichas viviendas de esta promoción con carácter permanente o habitual", según consta en el decreto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El Ayuntamiento de Cullera ha abierto las diligencias tras recibir una denuncia que alertaba de que los apartamentos son "ilegales" al no contar con ciertas licencias. El escrito municipal advierte de que se puede estar cometiendo una infracción administrativa por el uso y ocupación de estas viviendas, sin autorización, como viviendas turísticas.
Las casas están siendo comercializadas al menos desde el año 2020 y se alquilan a turistas en una conocida plataforma digital.
El promotor de las viviendas es el empresario valenciano Juan Granell, uno de los rivales de Iglesias durante la asamblea fundacional Vistalegre I. Años después, su nombre apareció en la investigación periodística de Paradise Papers.
Las empresas de Granell pasan por una delicada situación financiera y acumulan varias sanciones. A la investigación iniciada ahora por el Ayuntamiento de Cullera, se suma un segundo expediente de la Agencia Valenciana del Turismo por las irregularidades de la misma urbanización.
Las supuestas ilegalidades se recogen en dos informes que han sido entregados a la Generalitat Valenciana. El primero aporta fotografías del suministro de luz de los chalés. Y el segundo, elaborado por un técnico experto en sistemas eléctricos, constata un "enganche a red" que tacha de "peligroso".
"Realizadas las consultas con la distribuidora eléctrica, se ha constatado que no existen puntos de suministro eléctrico definitivos en las edificaciones que integran el complejo residencial", indica el primer dosier.
"Asimismo, se han tomado fotografías de cableado provisional de obra instalado en el exterior a través de tubos flexibles (llamados espagueti) para poder dar suministro eléctrico a las viviendas turísticas", añade el documento.
"Existe una conexión a red no reglamentaria. Esta conexión es peligrosa tanto para los usuarios como para las personas que transitan por las zonas comunes de la urbanización 37 Soles. La comercializadora no tiene conocimiento de ese enganche a red", concluye uno de los informes.
Estructura "fraudulenta"
El Ayuntamiento de Cullera concedió a la empresa de Granell licencia de obras para la construcción de 37 viviendas, "sin que hasta la fecha conste que se hayan recibido las obras de urbanización necesarias para que estas viviendas tuviesen la condición de solar, por lo que no cuentan tampoco con licencia de primera ocupación". Así lo expone el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cullera.
Atendiendo que los hechos denunciados "pueden suponer una infracción administrativa
susceptible de ser sancionada en materia urbanística" y que pueden afectar a la seguridad de los moradores, el departamento de Urbanismo ha incoado diligencias y ha ordenado a la Policía Local que realice las oportunas averiguaciones.
La empresa de Juan Granell también ha sido sancionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y deberá abonar una sanción de más de 90.200 euros por crear una estructura "fraudulenta" para evitar el pago de deudas a Hacienda.
Tal y como recoge la resolución, avanzada por este diario, el empresario tenía que abonar 562.598,99 euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la mercantil Urbanización Residencial Faro de Cullera SL y optó por "la transmisión de dos inmuebles como herramienta para eludir" este pago.
El tribunal valenciano desestimó el recurso que presentó una de las sociedades controladas por Granell tras confirmar un elevado "número de transmisiones de inmuebles, embarcaciones, aeronaves y otros bienes" para tratar de esquivar el pago de impuestos.
"Consideramos que se ha producido la creación de sociedades controladas, directa o indirectamente, por el deudor principal, de forma abusiva o fraudulenta, con la finalidad de eludir la responsabilidad patrimonial, el pago de deudas tributarias, frente a la Hacienda Pública, existiendo confusión y vaciamiento patrimonial", recogía la sentencia del TSJCV.
La Abogacía del Estado señaló que ambas sociedades eran "utilizadas para generar entre ellas un elevado número de transmisiones de inmuebles, embarcaciones, aeronaves y otros bienes y de fondos entre cuentas de todas las entidades y sin aparente justificación, realizados la mayor parte tras iniciarse los procedimientos ejecutivos sobre las entidades transmitentes que imposibilita su embargo". Y así lo concluyó el TSJ valenciano.