A partir del martes 23 de enero la sección segunda de la Audiencia de Valencia juzgará al núcleo duro de la histórica exalcaldesa del PP Rita Barberá por la supuesta financiación irregular del partido en la ciudad de Valencia en las campañas de 2007 y 2011.
El caso llega a juicio 17 años después de que se celebraran las primeras elecciones bajo sospecha, las municipales del año 2007, y de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el archivo de la parte de la investigación que afectó a medio centenar de cargos del PP local.
Todos fueron acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales con billetes de 500 euros en las elecciones municipales de 2015, pero la Audiencia de Valencia estimó sus últimos recursos y evitaron el juicio.
El que fue conocido como caso del pitufeo encara así su recta final con la celebración del juicio, después de un largo recorrido judicial y en el que el instructor llegó a dictar auto de procesamiento al PP como persona jurídica y a los 49 concejales y asesores del grupo municipal popular investigados.
Alfonso Grau, un veterano político valenciano que fue vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, se sentará en el banquillo de los acusados por estos hechos con 83 años.
Grau ya fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a 9 meses y 1 día de prisión y a 2 años y 1 día de suspensión de empleo y cargo público por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.
Además, pasó seis meses en prisión provisional por la trama de corrupción que se investiga en el caso Azud, una macrocausa que afecta en su mayoría a cargos del PP y el PSOE.
En el juicio que empieza el 23 de enero, la investigación apunta a que Grau financió las campañas de Barberá mediante entregas de dinero negro de contratistas del consistorio y que ambos rompieron su relación en 2015. Grau habría ejercido de centinela de la supuesta caja B al menos en las convocatorias electorales de los años 2007 y 2011.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia consideró a Grau como presunto autor de los supuestos delitos de malversación y cohecho; y le requirió 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Junto a Grau, también se sentará en el banquillo María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP y hermana del exsenador José Ramón García Fuster, por un supuesto delito de malversación.
García Fuster fue una íntima amiga de Barberá y su familia. Fue su mano derecha, sus ojos y sus oídos. Su alter ego hasta el trágico fallecimiento de la dirigente popular el 23 noviembre de 2016 en un hotel de Madrid días después de declarar ante el Supremo.
La detención de García Fuster por este caso en enero de ese mismo año causó una gran conmoción en los círculos políticos de la ciudad y un enfado monumental en el entorno de la exalcaldesa. El cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, asumió inmediatamente su defensa.
Además de las supuestas entregas de dinero en metálico, los acusados también habrían obtenido financiación para promocionar la imagen de Barberá a través de contratos amañados en las entidades municipales Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD).
Ambas entidades, controladas en última instancia por Alfonso Grau, inyectaron ingentes fondos en la presunta red de empresas que financió las campañas de los populares, especialmente en el grupo Laterne, del fallecido empresario valenciano Vicente Sáez.
"Se sacó el dinero de esas fundaciones en favor de Laterne" para sostener las "necesidades del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia", concluyó la instrucción.
Alfonso Grau en el salón de plenos.
Archivo del 'pitufeo'
Inicialmente, en esta causa también se investigaba por un presunto blanqueo de capitales a medio centenar de ediles y asesores del grupo municipal de Rita Barberá en las elecciones del 2015.
Sin embargo, un polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia desinfló la causa conocida como pitufeo, librando a los investigados de su procesamiento por blanqueo de capitales.
Rita Barberá en el Senado.
La resolución distinguía entre "dinero negro" y "dinero sucio"; y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros sin conocer su origen delictivo.
Es decir, la mayoría del tribunal consideró que no existía ninguna relación entre el dinero negro que habría manejado Grau y los billetes de 500 euros que recibieron los cargos del PP.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto, que contó con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri.
Esta magistrada argumento que los ediles y asesores populares conocían el "probable origen delictivo" de los dos billetes de 500 euros. Tras el ingreso, habrían recibido el dinero en mano justo antes de la campaña que acabaría con los 24 años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia.
Pero la sección cuarta rechazó el recurso del fiscal y abocó al Ministerio Público a plantear un recurso de queja ante el Tribunal Supremo.
El alto tribunal también desestimó el recurso de Anticorrupción, dando el carpetazo definitivo a una causa en la que se sentaba casi medio centenar de personas, entre concejales y asesores, del equipo de Rita Barberá.
No obstante, la Audiencia de Valencia sí apoyó celebrar el juicio que arranca el 23 de enero por la supuesta financiación irregular. La vista llega seis meses después de que el PP haya recuperado la Alcaldía de Valencia y con muchos de los cargos que fueron investigados y exhonerados por la justicia rehabilitados por la actual alcaldesa, María José Catalá.
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Así, sólo Grau, García Fuster y otros dos acusados, el exconcejal Eduardo Santón y el exalto cargo José Salinas, se sentarán finalmente en el banquillo por las campañas electorales del 2007 y del 2011.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día hasta 15 años de prisión para Grau y otros siete para García Fuster. Pero esta cifra incluía la pena por un delito de blanqueo de capitales que finalmente no se contempla en la acusación.
En estas campañas el PP manejó millones de euros en entregas opacas de contratistas municipales al margen de la contabilidad oficial, según la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.