El PSOE votó en contra de una propuesta del PP en las Cortes valencianas para rechazar la aprobación de beneficios fiscales para incentivar que las empresas que cambiaron su sede social durante el procés vuelvan a Cataluña, exigencia de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo.
De hecho, en el acuerdo de investidura entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE se habla de un "plan para facilitar y promover" el regreso de las compañías que cambiaron su ubicación a otros territorios durante los días más críticos del procés en 2017. Sin embargo, dicho pacto no establece ningún mecanismo para llevarlo a cabo.
La iniciativa popular, debatida este jueves y aprobada gracias a la mayoría de PP y Vox y con el voto en contra de la izquierda, también reclama que se respete la libertad de empresa y que no se establezcan sanciones "de ningún tipo" a aquellas que no cambien su domicilio social.
El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, cifró en 974 las empresas "ya valencianas" que se verían afectadas por estas multas que pide Junts. Al respecto, advirtió de que la Generalitat Valenciana presentará "un recurso de inconstitucionalidad" en caso de que estas sanciones a las que no accedan a volver lleguen a materializarse.
Y es que muchas compañías se han negado a este regreso. Ha sido el caso de CaixaBank y Sabadell, que han rechazado dejar la Comunitat Valenciana, región a la que trasladaron su sede social tras los hechos del 1-O.
Debate parlamentario
La propuesta del grupo popular defiende que casi mil empresas trasladaron su sede social de Cataluña a la Comunitat Valenciana, "huyendo de la deriva secesionista y del clima de inseguridad jurídica que provocó la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones relacionadas con el llamado procés".
En esta línea, critica el "menoscabo que supondría al derecho a la libertad de empresa, al principio de igualdad y a la libre competencia, la aprobación de dichas propuestas incluidas en el pacto entre PSOE y JxCat".
Por ello, propone al Consell que reclame al Gobierno de España tres cuestiones. La primera, que no haya beneficios fiscales para incentivar el regreso de las empresas. La segunda, que no haya multas. Y la tercera, que no se modifique la Ley de Sociedades de Capital en sus disposiciones relativas al domicilio de las sociedades.
El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, este jueves en el pleno. EE
El portavoz parlamentario del grupo popular, Miguel Barrachina, lamentó durante su discurso que "la izquierda valenciana apruebe la extorsión para forzar a las empresas que regresen a Cataluña".
"Esto es el fracaso de socialistas y nacionalistas porque ninguna de las 4.000 empresas que se marcharon voluntariamente de Cataluña quieren volver y tienen que recurrir a métodos de extorsión para forzar a las empresas a hacerlo", afirmó el popular.
En esta línea, consideró que si han elegido la región valenciana es porque es "una autonomía que ahora no impone, sino que elimina chiringuitos lingüísticos, que rebaja impuestos, que elimina burocracia y que da seguridad jurídica".
Por su parte, el diputado socialista Toni Gaspar defendió una enmienda para sustituir el texto original por otra iniciativa para apoyar a las empresas valencianas, enmienda que fue rechazada. Los socialistas finalmente votaron en contra.