El informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude que ha destapado el escándalo del supuesto trato de favor en el rescate en helicóptero de una amiga de un cargo del PSOE alerta que "las conductas pueden ser recurrentes" y señala a la actual directora del SASUE -Servicio de Atención Sanitaria a las Urgencias y Emergencias-, Pura Sánchez, un órgano dependiente de la Conselleria de Sanidad.
La denuncia anónima que destapó el caso aseguraba que este tipo de prácticas "son muy comentadas por el personal del CICU, siendo frecuentes las llamadas por teléfono de la directora del SASUE, para favores a conocidos".
"Usando recursos públicos, de forma injustificada, valiéndose de su situación y cargo público en la Conselleria de Sanidad", recoge el documento.
Los técnicos de Antifraude interrogaron al personal de as emergencias sanitarias que habitualmente participa en estos rescates.
A preguntas sobre si este tipo de conductas pueden ser repetitivas, un testigo interrogado por Antifraude afirmó que "en una otra ocasión Pura Sánchez la activó para llevar a su marido al hospital Clínico" de Valencia.
"Lo habrá hecho más veces (..) Hay conversaciones que no se graban en los incidentes del 112", desveló.
La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación después de que Antifraude constatara que la actual directora del SASUE movilizó dos SAMU, un soporte vital básico y un helicóptero de rescate tras el percance que sufrió una mujer en una senda, al parecer conocida de María José Mira, alto cargo con Ximo Puig (PSOE) y secretaria autonómica en el actual Consell de Carlos Mazón (PP).
Las diligencias que Antifraude remitió a la Fiscalía también identifican a José María Ángel, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias con el PSOE, como uno de los cargos que autorizó el despegue del helicóptero de rescate; así como Jorge Suárez, exsubdirector general de Emergencias.
No obstante, la única persona que aparece como denunciada e investigada es la actual directora de las emergencias sanitarias.
La amiga de Mira sufrió una lesión en el pie el 1 de mayo de 2022 en una senda cercana al municipio de Yátova.
El suceso se calificó como un P4, es decir, como "un transporte sin gravedad" que solo requería de asistencia para trasladar a la herida al centro sanitario más cercano.
Sin embargo, se movilizó un gran operativo de rescate de máxima gravedad y se recurrió a los mayores profesionales con los que cuenta la Generalitat Valenciana.
"Llegando a provocar la descoordinación grave del servicio (tal y como queda demostrado en los diferentes informes y comparecencias), y una serie de situaciones que excedían del normal funcionamiento del servicio público", según aparece en el informe remitido por Antifraude a la Fiscalía y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL
El piloto se opuso al rescate e instó a las autoridades a revisar las circunstancias que rodearon la gestión del suceso por ser "ineficiente". El rescate incluyó el traslado "excepcional" de la herida desde Yátova hasta el hospital La Fe de Valencia.
Pese a que no requería un traslado especial desde el hospital La Fe hasta el Clínico, el centro de referencia de la herida, la Generalitat ordenó que fuese trasladada en un SAMU.
Antifraude ha podido reconstruir lo ocurrido tras la intervención de las grabaciones del 112 que registraron el accidente.
En total, se han transcrito más de 4 horas de cintas y se ha interrogado al personal del CICU y emergencias que participó en el rescate. La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación tras recibir el informe de Antifraude.
Piden "ceses"
Las enfermeras y enfermeros de emergencias sanitarias de la Comunitat Valenciana exigieron este lunes separar a los responsables de sus competencias.
"Recordamos que la eficacia y la equidad en la atención de emergencias son pilares fundamentales de nuestros servicios, y cualquier alteración que ponga en riesgo estos principios debe ser abordada con la mayor seriedad y urgencia", advirtieron en un comunicado.
Según el colectivo, "la presión ejercida para modificar los criterios de asignación de recursos críticos, basada únicamente en la relación con individuos de alto perfil, va en contra de los principios fundamentales de nuestra labor, donde la prioridad y asignación de recursos para urgencias y emergencias debe regirse exclusivamente por la gravedad de la situación".
Por lo tanto, "solicitamos a la Conselleria de Sanidad y a la Generalitat Valenciana que se tomen medidas inmediatas para depurar responsabilidades y, de ser necesario, proceder con los ceses pertinentes dada la gravedad de la situación".
Además, "instamos a la implementación de medidas y mecanismos que aseguren la no repetición de estos actos de injerencia, garantizando que la gestión de las emergencias sanitarias no se vea comprometida por influencias externas al
ámbito asistencial".