La Guardia Civil ha hallado nueva documentación relativa a la Operación Colegios, una actuación urbanística del Ayuntamiento de Valencia por la que un conocido empresario valenciano, Jaime Febrer, habría abonado comisiones millonarias a cargos de PP y PSOE para quedarse con tres parcelas municipales de altísimo valor.
A cambio, el empresario se hizo cargo de una deuda del ayuntamiento con diez congregaciones religiosas que hizo perder 14 millones de euros al consistorio de Valencia, según el sumario del caso Azud, el caso que investiga 20 años de pillaje de PP y PSOE en Valencia.
La Guardia Civil ha localizado la documentación, fechada entre 2005 y 2008, después de que la familia de un testigo clave comunicara a los agentes que no está capacitado para declarar por problemas de salud de carácter "irreversible".
Este testigo es el representante de las congregaciones religiosas en el litigio de las parcelas que se investigan.
El pasado 16 de febrero, su familia comunicó a la Guardia Civil que su padre guardaba documentación relacionada con el contencioso, entre la que se encuentran informes periciales, pruebas, conclusiones o incidentes procesales.
Si bien, en relación con esta documentación, la familia expuso que "aparecen datos personales de los clientes, de peritos, técnicos y otras personas que intervinieron en el asunto y, por mi deber de secreto profesional, yo no puedo darle esa documentación a nadie".
Se trata de documentación de gran valor para la investigación y el juzgado ha autorizado a los agentes para intervenirla de manera urgente pese a la oposición de la familia,
De este modo, la jueza ha dado permiso expreso para que los agentes "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos requerimientos y que precisen para el esclarecimiento de los hechos que ocupan la presente causa".
Además, reclama los expedientes confidenciales de "la operación urbanística del contencioso-administrativo promovido por diferentes congregaciones religiosas contra el Ayuntamiento de Valencia y contra la Generalitat Valenciana por el Plan General de Valencia", según consta en una providencia, del pasado 28 de febrero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La resolución autoriza a los agentes a realizar todas las gestiones necesarias para la intervención de estos expedientes.
Comisiones
Según el juzgado, en la operación colegios entraron la práctica totalidad de las personas investigadas y, fundamentalmente, aquellas a las que se les abonaron "grandes cantidades de dinero" como comisiones ilícitas por parte del grupo del empresario Jaime Febrer. Se trata de la única en la que "convergen" los principales investigados.
Los destinatarios de las mordidas habrían sido el exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá; el cuñado de la exalcaldesa y abogado, José María Corbín; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la extinta Divalterra y administrador único de Vera Llorens, José Luis Vera, un exmagistrado vinculado al PSOE.
Todos ellos habrían participado de manera directa para que las empresas participadas por Jaime Febrer se quedaran "con tres parcelas para edificar, en una zona en auge en Valencia, por un precio, al menos, de 14 millones de euros inferior al de mercado".
Según la magistrada, el valor de las tres parcelas hubiera podido alcanzar el doble del importe por el que se transmitieron, y todo ello "vulnerando los procedimientos establecidos para la enajenación de bienes patrimoniales y obviando todo tipo de información a los ciudadanos".
Para lograr la tasación más favorable, la trama hizo uso del exedil de Urbanismo y actual director general en la Generalitat, Jorge Bellver, beneficiario de regalos, especialmente relojes, según el sumario.
La trama seleccionó las parcelas de su interés: en las calles Reina Violante, Círculo de Bellas Artes y Evaristo Crespo Azorín.
La red "logró que se fuera modificando el PGOU a su conveniencia e incluso obtuvo la tasación que le beneficiaba".
Todo ello, "aprovechando una falsa argumentación" del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Alfonso Grau habría recibido más de un millón de euros en comisiones, mientras que el familiar de Barberá se embolsó cerca de 200.000 euros, pese a "que no consta que tuviese intervención alguna, salvo por ser cuñado de Rita Barberá".