La Fiscalía ha vuelto a advertir en un escrito presentado al juzgado de Instrucción 3 de Gandía (Valencia) que el ayuntamiento de este municipio valenciano sigue sin entregar la documentación requerida en el caso que puede llevar a juicio a la ministra de Ciencia, Diana Morant.
El asunto está relacionado con la concesión del edificio municipal de vivienda social de la calle Perú de Gandía a la empresa Inmobles Reunits de Catarroja SL, personada en esta causa como acusación.
La Fiscalía ha trasladado al juzgado que ya se le requirió al Ayuntamiento de Gandía por el juez "para la aportación de todas las resoluciones que se hayan dictado en relación con la concesión objeto del presente procedimiento".
"Y esta resolución no ha sido aportada ni tampoco se ha hecho mención de la existencia de este procedimiento y, en su caso, a la pendencia del mismo", puntualiza.
Asimismo, "también se ha constatado que se dictó otra resolución (no aportada) el día 31 de enero de 2019 por Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por lo que se considera pertinente que por parte del ayuntamiento se aporte", según consta en el segundo requerimiento de la fiscal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Es la segunda vez que el ministerio fiscal advierte al juzgado que la documentación que afecta a Morant está incompleta. El primer aviso se produjo en diciembre y, al no obtener el expediente solicitado por el juzgado, la fiscal volvió a solicitar la documentación el pasado 26 de febrero.
El Ayuntamiento de Gandía tampoco ha entregado aún el expediente administrativo completo que se investiga.
"Se ha observado que faltan las páginas desde la 1.253 hasta la 1.365", apunta la fiscal, e insta a que se entregue en su totalidad.
Los hechos que se investigan se remontan al mes de junio de 2015, año en el que la nueva secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.
Morant, recién nombrada en el cargo, se presentó a las puertas de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento y gestionado por una concesionaria, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.
A partir de ahí, se produjeron más impagos y otras familias se vieron obligadas a abandonar el bloque de viviendas de propiedad municipal después de que varios clanes relacionados con el narcotráfico ocuparan los pisos vacíos.
El asunto acabó en la vía contenciosa y los tribunales dictaron dos sentencias, publicadas por este periódico en 2022, cuyos hechos probados concluyen que la actuación de Diana Morant y el resto de los concejales que participaron en este desahucio provocó impagos y daños en el edificio público.
El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales.
La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias.
Según estas sentencias, existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".
"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".
Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".
Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria.
Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas.
Por ello, la Fiscalía también ha solicitado que el Ayuntamiento "aporte un informe del estado actual del edificio y si se llegaron a efectuar las obras de reparación por los daños que tenía el edificio" y que en su momento se exigió a la concesionaria.
Fotografías del interior del edificio incluidas en un informe de la Policía local.
Tres delitos
El caso pasó de la vía contenciosa a la penal el año pasado después de que presentara una querella contra Morant el exalcalde del PP Arturo Torró, condenado por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión por causar un perjuicio económico de 135.812 euros al rescindir el contrato de la TV local -la sentencia está recurrida-.
Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.
La querella atribuye a los tres los supuestos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Frente a la primera advertencia de la Fiscalía, publicada por EL ESPAÑOL el pasado 3 de marzo, el Ayuntamiento de Gandía aseguró que "no ha ocultado ningún informe al juez y siempre se le ha entregado todo lo requerido".
"Como ya hemos venido manifestando en el último año hasta en tres ocasiones, se trata de una denuncia, sin fundamento e interesada, que fue interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción, y 6 meses de inhabilitación absoluta", subrayó.
Según informaron fuentes municipales, "la Justicia ya le ha dado la razón en cuatro ocasiones al Ayuntamiento de Gandía respecto a este asunto. En una de estas ocasiones, el juzgado contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad".
La empresa perjudicada, Inmobles Reunits de Catarroja SL, atendiendo a la condición de Morant de ministra del Gobierno de España, solicitó a finales del mes de diciembre que Morant declare por los daños que sufrió el edificio tras paralizar el desalojo y los perjuicios ocasionados a la concesión.
Morant está aforada y, por tanto, solo puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo (TS).
El juzgado todavía no se ha pronunciado y está pendiente que la Fiscalía entregue su informe.