La defensa de Eduardo Zaplana ha solicitado a la Audiencia de Valencia que el exministro del PP sea juzgado por otro tribunal en la Audiencia Nacional de Madrid al no tener competencias los magistrados valencianos para revisar los delitos "porque se habrían cometido en el extranjero".
De no aceptar la solicitud, ha subrayado su defensa, se podría infringir "el derecho al juez predeterminado por la ley".
"El juicio podría ser nulo", ha advertido a la Sala. En cambio, el presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, ha anunciado que rechaza la solicitud al considerar que el delito principal, el de cohecho, se cometió en la Comunitat Valenciana.
El letrado de Zaplana, el abogado y exfiscal Daniel Campos, ha planteado en la primera sesión del juicio celebrada este jueves que los hechos, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, ocurrieron fuera de España.
Ante esta circunstancia, Campos ha solicitado al tribunal que suspenda las vistas y se inhiba "a favor de la Audiencia Nacional".
Entre los argumentos defendidos por el abogado de Zaplana para justificar sacar el caso de Valencia está que las sociedades investigadas se encuentran en Luxemburgo, Suiza y Andorra.
Además, ha reiterado que ningún hecho delictivo ocurre en Valencia y no figura ningún conseller acusado por las adjudicaciones supuestamente amañadas.
La defensa de Zaplana ha puesto como ejemplo el juicio de una de las piezas del caso Emarsa, un caso de corrupción que investigó el desvío de fondos públicos en la depuradora de Pinedo (Valencia), que fue anulado por el Tribunal Supremo (TS).
En este caso, el TS anuló la condena al hermano de un exvicepresidente del PP de la Diputación de Valencia, Carlos Crespo, y envió la causa a la Audiencia Nacional.
"No tenemos ninguna razón para pretender ninguna ventaja en la Audiencia Nacional, pero el juez predeterminado por la ley es una garantía básica y debe de respetarse. La Fiscalía Anticorrupción debería de ser coherente e interesamos que se acuerde la inhibición", ha expuesto el abogado.
En cambio, la Fiscalía se ha opuesto a la solicitud e insiste en que los hechos son competencia territorial de Valencia.
"La competencia de la Audiencia Nacional debe de ser interpretada de manera restrictiva", en función de una sentencia del TS del año 2022, ha alegado.
"Esta interpretación del TS nos permite rechazar la competencia de la Audiencia Nacional," ha destacado el fiscal.
"El delito principal que es el cohecho se produce en territorio nacional, más en concreto en la Comunitat Valenciana, por el retorno del dinero", ha reiterado el ministerio público.
Finalmente, el tribunal ha rechazado la solicitud y las defensas han anunciado que seguirán defendiendo este planteamiento ante el TS.
Los papeles del sirio
Por otra parte, el presidente del tribunal ha validado la prueba conocida como "los papeles del sirio" u "hoja de ruta", unos documentos que fueron hallados de forma casual y que dieron origen a esta macrocausa.
El letrado de Zaplana, como ya hizo en fase de instrucción, ha dirigido una de sus peticiones de nulidad en la primera jornada de este juicio hacia esos papeles, y ha calificado de "pomposa y casi ridícula" la denominación de "hoja de ruta" que de ellos hizo la UCO de la Guardia Civil.
Estos papeles, también conocidos como "del sirio", son un hallazgo casual con origen en otra macrocausa judicial de corrupción protagonizada por Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero*.
Se trata de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino.
Esta familia estuvo encabezado por el fallecido ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, y se abonaron, según la UCO de la Guardia Civil, unas comisiones ilícitas de 6,4 millones.
Los acusados en el juicio.
Esta ciudadano, que declarará en el juicio, dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre alrededor de 2007 en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
Este jueves, en la primera sesión del juicio, el abogado de Zaplana ha considerado "aberrante" que se pueda entrar en el despacho de un abogado e incautar documentos en los que "Zaplana no aparece".
No obstante, el fiscal ha recordado al tribunal que esta misma cuestión -la validez del registro del despacho del exletrado de Benavent- ya se resolvió por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en una de las primeras piezas del caso Imelsa que fueron enjuiciadas.
Tras escuchar todos estos pronunciamientos, el presidente de la Sala ha adelantado que no admite la nulidad de los referidos documentos (prueba en esta causa) y ha comunicado a las partes que, al existir ya una resolución sobre el fondo de este asunto, fundamentará su decisión en la sentencia.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros catorce procesados.