La Agencia Valenciana Antifraude investigó en 2023 un total de 556 denuncias, lo que supone un crecimiento del 22,73% respecto al año anterior. El 56% de ellas en contra de la administración local y el 12% de la Generalitat Valenciana.
En cuanto a la temática, la mayoría se refiere a la gestión de los recursos humanos, con el 40% de las denuncias presentas, sobre todo en relación con los procesos selectivos.
Así se desprende de la Memoria de Actividad de 2023 cuyo director, Joan Llinares, entregó este martes a las Cortes Valencianas. Llinares además afirmó que la proposición de ley presentada por el PP para reformar la agencia recoge muchas propuestas que había hecho el propio organismo.
En esta línea, celebró que con la propuesta, "la Agencia se consagra como una institución admitida y aceptada por todas las formaciones políticas". Aseguró que su futuro dependerá "del buen hacer del director y de los funcionarios".
Según los datos de la memoria, el importe total recuperable fue de 5,1 millones de euros y el coste real ejecutado fue de 3,8 millones. El ratio de retorno económico fue del 135%. Es decir, por cada euro destinado al funcionamiento de la agencia se recuperaron 1,35 euros.
Además, la memoria subraya que en 2023 aumentaron las entidades que incumplieron las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. En total se dictaron 21 resoluciones de incumplimiento que afectaban a 22 administraciones.
Incumplimientos
Las administraciones que no aceptaron las recomendaciones del organismo fueron 19 ayuntamientos, una mancomunidad y dos entidades públicas.
Se trata de los consistorios de Albal, Alcoy, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Burriana, Callosa de Segura, Canet d'en Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València y Vilamarxant.
La Mancomunidad fue la del Carraixet y las dos entidades públicas, Divalterra dependiente de la Diputación Provincial de Valencia y el Consorcio Valencia Interior.
Imagen de la memoria de la AVAF entregada en las Cortes Valencianas
Según el dossier, en los siete años desde que se creó la agencia se han tramitado 1.989 expedientes, de los cuales el 67% ha sido resuelto.
Asimismo, durante el año 2023 se realizaron 128 asesoramientos, aunque solo 21 personas dieron el paso de solicitar el estatuto de protección, habiéndose concedido en únicamente en seis casos.
Contratos de material sanitario
Además, la Agencia Valenciana Antifraude está ultimando la investigación sobre varios contratos de material sanitario realizados durante la pandemia en los que la Fiscalía no ha visto conductas delictivas.
Joan Llinares explicó que esta investigación se refiere a la que abrió de oficio la agencia sobre las compras del Consell en época de pandemia que se paralizó al solicitar Fiscalía la investigación.
Fiscalía transmitió un primer bloque de investigaciones a la Agencia al no observar conductas delictivas, sobre las que la AVAF publicó un informe en verano de 2022. Ahora, al recibir el resto de investigaciones tras considerar el Ministerio Fiscal que no hay conducta delictiva, la AVAF continúa investigando si se han producido irregularidades administrativas.
Filtraciones
Por otra parte, el director de la Agencia Valenciana Antifraude anunció la sanción disciplinaria a una trabajadora del organismo de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por presuntas filtraciones de documentos internos respecto a la investigación de supuestos casos de acoso sexual en el seno de la agencia.
El pasado 14 de noviembre, Llinares compareció en el Parlamento valenciano para negar la existencia de acoso sexual en el organismo, conclusión que aseguró que se había alcanzado tras varias investigaciones.
Además, aseguró que se mantenían abiertos expedientes a dos funcionarias por presuntas filtraciones de datos confidenciales relacionados con este asunto.