Francis Puig, Juan Adell y Enrique Adell. EE
Los socios de Francis Puig se libran de devolver 170.000 euros en ayudas porque se los reclamó tarde la Generalitat
El plazo para pedir que reembolsaran las subvenciones indebidas acababa el 24 de enero de 2021, y el Gobierno autonómico empezó a solicitarlas el 26.
11 abril, 2024 16:02La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado los recursos presentados por las empresas de comunicación audiovisual Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL contra las resoluciones de la Generalitat que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones por un importe total superior a los 170.000 euros.
Se trata de mercantiles de la familia Adell Bover. Ambas, junto a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, participadas por Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig-, se encuentran investigadas por el presunto cobro irregular de subvenciones públicas por la elaboración de contenidos en valenciano. A su vez, fueron sancionados por conformar un cártel audiovisual que pactó precios para acceder a contratos públicos de la radiotelevisión valenciana.
Por lo que respecta a la devolución de las ayudas, el mencionado tribunal, en cuatro sentencias distintas, ha decidido atender los recursos de Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL y librarles de devolver los importes, y todo por la acción tardía del Gobierno valenciano de PSOE y Compromís.
"El tribunal ha adoptado esta decisión al comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro había caducado", explicó este jueves el TSJCV en un comunicado.
En todos los casos el Ejecutivo autonómico "incoó los procedimientos de reintegro el 7 de noviembre de 2019, por lo que en el plazo para resolver y notificar a la empresa finalizaría el 6 de noviembre de 2020".
"No obstante, teniendo en cuenta los 79 días en que estuvieron suspendidos los plazos administrativos (entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020) como consecuencia de la declaración de Estado de Alarma derivado de la pandemia de Covid-19, esa fecha límite ha de fijarse el 24 de enero de 2021", agrega el TSJCV.
Pero las resoluciones de la Conselleria de Educación, dirigida por Compromís, se produjeron "el 26 de enero de 2021 y el 26 de febrero de ese año", en el primero de los casos, justo dos días después. En ellas "se acordaba y se notificaba a las empresas la obligación de devolver las subvenciones, se emitieron y comunicaron a los interesados una vez sobrepasado el plazo establecido".
Asimismo, aunque el mismo 28 de enero la Conselleria ampliaba un mes el plazo para resolver y notificar, esa decisión "no pudo surtir efectos por cuanto la caducidad del procedimiento ya se había producido", explican los magistrados en sus sentencias, que han sido notificadas este jueves a las partes. No son firmes y pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.
Además, el mismo tribunal ha deliberado, conjuntamente a los mencionados recursos, otros dos relativos al mismo objeto de litigio que están pendientes de fallo. El TSJCV no ha precisado en este caso de qué sociedades se trata, si son también las de la Familia Adell Bover o si se trata de las participadas por Francis Puig.
La investigación
Al margen de la devolución de las ayudas, los investigadores avanzan el procedimiento sobre el posible fraude al solicitarlas. Lo último en trascender al respecto fue el informe completo de la Guardia Civil, elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.
Este trabajo detectó múltiples irregularidades, como que las empresas de Francis Puig cobraron subvenciones de la Generalitat Valenciana por reportajes audiovisuales sobre el sur de Cataluña emitidos por el canal local Ebredigital. Además, los investigadores sospechan que estos contenidos, utilizados para el cobro de las ayudas, ni siquiera fueron realizados por las empresas del acusado.
"Del análisis de los archivos de los videos incluidos en esta carpeta se ha de reseñar los siguientes puntos que, a juicio de los agentes investigadores, hacen dudar que la autoría de la producción de las crónicas incluidas pudiera corresponder a las dos mercantiles que nos ocupan", explica el documento en referencia a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, las dos sociedades de Francis Puig.
Agregan sobre la mencionada carpeta de archivos, aportados para cobrar ayudas por la producción de contenidos en valenciano, que "de todas las crónicas, únicamente una hace referencia a la zona de Morella, concretamente el '180802 LA XARXA PECA Presentació del Sexenni de Morella". "El resto se trataría de localidades pertenecientes a Cataluña", añaden.
Sobre las mismas, los agentes advierten que "no se observa en ninguna de las crónicas logotipos correspondientes a Mas Mut o a Comunicacions dels Ports, ni en los faldones de las imágenes, ni en micrófonos ni insertados en las imágenes".
"Lejos de aparecer los logotipos indicados, en la gran mayoría de ellos figura el logotipo de Terres de l'Ebre en el micrófono que aparece. Es más, como se adjunta en las imágenes siguientes, algunos videos se han grabado en la sede de Ebredigital.cat, con lo que se duda que estos reportajes hayan sido realizados por Mas Mut y sí por Ebredigital", consideran.
A continuación, los investigadores añaden en su informe las capturas de pantalla que encabezan este artículo. En ellas aparecen distintos entrevistados en una sede serigrafiada, efectivamente, con los logotipos de Terres de l'Ebre y Ebredigital, tal y como señala la Guardia Civil con flechas rojas.
Facturas cruzadas
No es la única irregularidad detectada por la Guardia Civil en su investigación a la justificación de las ayudas presentada por las empresas de Francis Puig y sus socios. La más grave es que, según los agentes, el hermano del presidente cruzaba facturas supuestamente irreales entre sus empresas.
Comunicacions dels Ports facturaba a Mas Mut Produccions, y viceversa, por servicios presuntamente falsos. Con esta práctica, según interpretan los investigadores, habrían hinchado los gastos para maximizar la cuantía de las ayudas.
"Hemos de citar las facturas aportadas por Comunicacions dels Ports SA emitidas a Mas Mut Produccions", expone el escrito de 446 páginas, en el que los agentes aseguran que las dos empresas le han cobrado a la otra por el mismo trabajo audiovisual.
Francis Puig.
"Si comparamos los metadatos, la fecha de creación y las propiedades correspondientes a los contenidos de los servicios prestados por Comunicacions dels Ports SA a Mas Mut Produccions del mes octubre (imagen 1 de este apartado, que se inserta en la parte inferior, el cual consta de 15 archivos de video conteniendo crónicas [...]) coinciden con los servicios prestados por Mas Mut Produccions a Comunicacions dels Ports SA", detallan los investigadores.
Se trata de facturas por miles de euros que engrosan los costes y habrían permitido a las mercantiles acceder a una mayor cuantía en las ayudas al valenciano brindadas por la Generalitat Valenciana.
Esta práctica acreditada por la Guardia Civil supone un aspecto determinante para las acusaciones para acreditar la falsedad documental que, según defienden, se ha producido. Está por ver, sin embargo, el volumen total de subvención defraudada. La cifra será determinante para la existencia o no del delito.
Alquiler y boda
Como informó EL ESPAÑOL, el grupo de productoras audiovisuales también recurrió al alquiler de inmuebles donde no operaban sus sociedades para hinchar los gastos que justificaran las ayudas públicas.
Entre dichos alquileres, según ha podido constatar este periódico, se encuentra una residencia de Jorge Puig (conocido como Jordi), otro de los hermanos del socialista valenciano.
Los agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio y constataron que no se trataba de una sede de Mas Mut Produccions SL, la empresa que había dicho operar en ese inmueble en la solicitud de la ayuda. El abogado de Francis Puig, al trascender esta información, alegó que el inmueble está dado de alta como "centro de trabajo".
A juicio de los investigadores, sin embargo, se trataba de una vivienda convencional. "Con el fin de corroborar que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig Ferrer nos entrevistamos con el vecino de la vivienda colindante, que confirmó este extremo", reza el informe.
"Exteriormente, como y se indicó en el pasado informe remitido el 2 de marzo de 2022, la vivienda que nos ocupa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil Mas Mut Produccions SL", afirman al respecto.
Fotografía de la vivienda tomada por los agentes de la Guardia Civil. EE
Para los agentes, "simplemente presenta el aspecto de una vivienda particular, hecho que se refrenda por la manifestación del vecino antes citados y las imágenes que se adjuntan".
Los investigadores agregan que, pese a ser la supuesta sede de una productora audiovisual, "no presenta antenas, únicamente la habitual en las viviendas particulares". "No accediendo al interior de la misma ninguna persona mientras estuvimos en el lugar", agregan.
"Por lo expuesto, no se puede acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil Mas Mut Produccions SL", concluyen.
Otro gasto no justificable que se habría aportado para recibir ayudas, según la Guardia Civil, fue el de las fotos y el vídeo de la boda de uno de sus socios. Según los agentes, "este álbum pudiera tratarse, por las imágenes que contiene, de la boda de Enrique Adell Bover con Inés Aular".
"Desde el clip 519 al 525 son vídeos del interior de lo que parece ser la Ermita de Vinaròs, donde, según se indica en los vídeos anteriores, se produjo la boda", detallan los investigadores.
Castellano
A su vez, la empresa Mas Mut Produccions SL también habría justificado las ayudas con trabajos audiovisuales en castellano -pese a que el grueso de las ayudas recibidas son por el uso y difusión del valenciano-.
Una de las subcarpetas, denominada "Digitalización", contiene 1.119 elementos formados por archivos con los ejemplares escaneados del setmanari Noticies correspondientes al período entre octubre de 1993 y noviembre de 2012.
Los investigadores establecen que de esos 1.119 archivos, 534 son en castellano, es decir, casi la mitad. Al respecto, consideran que "no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán".
