Un informe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandía ha concluido que el estado actual del edificio de vivienda de protección oficial de la calle Perú "imposibilita el uso residencial previsto para el mismo".

Además, advierte de que "no constan ejecutadas las obras de reparación (trabajados de revisión, reparación y sustitución)", vinculadas a las sentencias dictadas por juzgados de lo contencioso administrativo desde el año 2018.

De un total de 79 viviendas, 76 se encuentran tapiadas y 3 aparentemente ocupadas, según este informe.

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"Las viviendas, aparentemente ocupadas, no pueden ser inspeccionadas, al igual que las viviendas tapiadas. La única inspección visual se realiza a través de las ventanas recayentes a las zonas comunitarias".

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, lleva firma del pasado 22 de marzo y ha sido entregado al juzgado de Instrucción número 3 de Gandía tras abrir diligencias por la actuación de la ministra de Ciencia y Universidad, la socialista Diana Morant, en su etapa como alcaldesa.

El Ayuntamiento ha entregado la documentación después de que el juzgado y la Fiscalía la solicitaran en varias ocasiones para conocer el estado actual del inmueble, de propiedad municipal.

El caso pasó de la vía contenciosa a la penal el año pasado después de que presentara una querella contra Morant el exalcalde del PP Arturo Torró.

El Ayuntamiento de Gandía defiende que "se trata de una denuncia, sin fundamento e interesada, que fue interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel, y 6 meses de inhabilitación absoluta".

Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.

La querella atribuye a los tres los supuestos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La promotora se ha personado en el caso como perjudicada.

El desahucio

Los hechos que se investigan se remontan al mes de junio de 2015, año en el que la secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.

Morant, recién nombrada en el cargo, se presentó a las puertas de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento y gestionado por una concesionaria, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.

A partir de ahí, se produjeron más impagos y otras familias se vieron obligadas a abandonar el bloque de viviendas de propiedad municipal después de que varios clanes relacionados con el narcotráfico ocuparan los pisos vacíos.

El asunto acabó en la vía contenciosa y los tribunales dictaron dos sentencias, publicadas por este periódico en 2022, cuyos hechos probados concluyen que la actuación de Diana Morant y el resto de los concejales que participaron en este desahucio provocó impagos y daños en el edificio público.

El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales.

La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias.

Según estas sentencias, existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".

"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".

Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".

Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria. El Ayuntamiento de Gandía sostiene que es la concesionaria del edificio la que debe hacerse cargo de la rehabilitación de las viviendas.

Trabajos pendientes

Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas.

Según el informe aportado ahora al juzgado por el área de Urbanismo, de un total de 79 viviendas, 76 se encuentran tapiadas y 3 aparentemente ocupadas, según este informe.

"La totalidad del inmueble no dispone de suministro eléctrico, ni de agua", advierte el documento.

Además, "los trabajados de revisión, reparación y sustitución", referenciados en informes anteriores, "no constan ejecutados".

Por ello, concluye que "procede informar que el estado actual del inmueble imposibilita el uso residencial previsto para el mismo y que, a la emisión del presente documento".