El PP de las Cortes Valencianas exigirá a la Conselleria de Educación el expediente sobre el reintegro de las ayudas públicas a empresas vinculadas a los socios de Francis Puig, hermano del expresidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig. La Justicia ha decidido librar a estas compañías de tener que devolver 170.000 euros porque la Generalitat lo reclamó tarde.
Así lo anunció este lunes el portavoz parlamentario del grupo popular, Miguel Barrachina, quien consideró que "cada novedad que conocemos sobre el caso es más bochornosa y demuestra que es urgente que tanto el exconseller de Educación, Vicent Marzà, como Puig den explicaciones a los valencianos".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó los recursos presentados por las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL contra las resoluciones de la Generalitat Valenciana que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones por un importe de más de 170.000 euros.
Así, en cuatro sentencias distintas, el tribunal decidió librarles de devolver los importes al entender que habían caducado los plazos administrativos. El plazo para pedir que reembolsaran las subvenciones indebidas acababa el 24 de enero de 2021, y el Gobierno autonómico (compuesto por PSPV, Compromís y Podemos) empezó a solicitarlas el 26.
"Marzà no puede huir a Europa para no explicar porque actuó de esa manera y dejó de cobrar los 170.000 euros de la subvención defraudados por parte de estas empresas", afirmó Barrachina.
Francis Puig, en una imagen de archivo
En este sentido, instó al expresidente Puig a abandonar su "retiro dorado en París para explicar si dio la orden para que se dejara caducar el expediente de reintegro".
Al respecto, el dirigente del PP acusó a ambos de "engañar" a los valencianos cuando anunciaron que habían solicitado la devolución de estas subvenciones, pero "dejaron caducar el expediente y obviaron los informes que alertaban y aconsejaban ir a la fiscalía".
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, José Muñoz, defendió que "todo se ha hecho dentro de la legalidad". Aseguró que todo lo que se ha llevado a los tribunales "ha acabado en absolución".
La investigación
Al margen de la devolución de las ayudas, la investigación realizada por la Guardia Civil sobre las ayudas otorgadas a estas empresas ha detectado irregularidades, como que cruzaban facturas supuestas irreales o que cobraron subvenciones por promoción del valenciano por producir vídeos en castellano.
Comunicacions dels Ports facturaba a Mas Mut Produccions, y viceversa, por servicios presuntamente falsos. Con esta práctica, según interpretan los investigadores, habrían hinchado los gastos para maximizar la cuantía de las ayudas.
Además, como informó EL ESPAÑOL, el grupo de productoras audiovisuales también recurrió al alquiler de inmuebles donde no operaban sus sociedades para hinchar los gastos que justificaran las ayudas públicas.