Una naranja podrida junto al lema "Los mercados se mueren". Es la polémica campaña que ha impulsado la ONG Justicia Alimentaria con el apoyo del Gobierno central y que ha enfadado a los mercados municipales, que han exigido su retirada.

El objetivo de la campaña publicitaria, según la entidad sin ánimo de lucro, es exigir una "transformación de los mercados para garantizar el acceso a una alimentación saludable, local y con un precio justo".

El cartel, que puede verse en Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, pretende concienciar sobre la situación de este sector y ser "una llamada urgente a la acción". 

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Además de la naranja, también aparecen en la acción publicitaria un limón y una pera en avanzado estado de descomposición bajo el mismo lema. 

Imagen del cartel. EE

La entidad organizadora considera una "necesidad imperiosa repensar y revitalizar los mercados municipales como infraestructuras vitales para el acceso a una alimentación saludable y local".

Para ello, propone "transformar la red de mercados municipales en infraestructuras conectadas a los sistemas alimentarios locales, garantizando el acceso a una alimentación saludable, ecológica, y a precios asequibles". 

También reclama, entre otras cuestiones, la recuperación del control público "para restituir su función original de ofrecer alimentos saludables, asequibles y de proximidad a la población".

Rechazo de Mazón y Catalá

La campaña publicitaria no ha gustado ni a los propios mercados ni al Gobierno valenciano. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exigió la retirada inmediata y criticó el "mal gusto y la poca sensibilidad" de la iniciativa, con "cítricos pudriéndose" y con un "mensaje tan negativo".

En esta línea, la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, María Isabel Sáez, aseguró en X (antes Twitter) que "los mercados están enfadados y con razón". "La campaña del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España no refleja su realidad y ni tan siquiera la han consensuado con los implicados", añade en sus redes sociales.

También calificó de "inadecuada e intolerable" esta campaña la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Defendió que "nuestros mercados municipales y de abastos son un motor económico a potenciar y no a denigrar".

En este sentido, la alcaldesa añadió que además "la imagen elegida para la campaña, una naranja podrida, es totalmente desafortunada porque ataca a un sector, el citrícola que lo que necesita es su potenciación, no mostrar su producto en las peores condiciones".

"Desde el ayuntamiento de Valencia trabajamos para potenciar nuestros mercados municipales y nuestra agricultura tradicional y no vamos a permitir que se tire por tierra su esfuerzo", aseguró. 

Retirada inmediata

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana también se sumaron este miércoles a la petición de retirada inmediata de la campaña, al considerar que la imagen de la naranja podrida "daña seriamente la imagen de uno de los productos más representativos de la economía valenciana".

La entidad recordó que la exportación valenciana de naranjas en 2023 alcanzó los 2.151 millones de euros, siendo Europa su principal mercado, con Alemania como primer destino de las exportaciones.

"La naranja ha sido imagen de España en ocasiones tan importantes como en el mundial de fútbol de 1982. La naranja es uno de los productos españoles con mayor reconocimiento internacional y esta campaña daña seriamente su imagen", añadieron.

Por su parte, la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (METRAE) emitió un comunicado en el que expresa su "desaprobación" hacia la campaña. Considera que "daña gravemente la imagen de los mercados municipales" y reprocha que se financie "con aportaciones públicas" una campaña que "carga de forma injusta con los mercados".

En respuesta a esta situación, METRAE solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, así como al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la retirada inmediata de la campaña. 

"Esta campaña, lejos de sumar a los mercados, les perjudica gravemente, poniendo en peligro el puesto de trabajo de casi 500.000 personas que trabajan en los mercados municipales", añade el comunicado.