El testigo clave contra Zaplana participó en el 'caso Odebrecht' y la Banca Andorrana le sigue la pista

El juicio contra Eduardo Zaplana que se celebra en la Audiencia de Valencia encara una semana decisiva con la declaración del supuesto testaferro del exdirigente del PP, Fernando Belhot, un mago de los negocios, discreto y eficaz.

Abogado uruguayo y experto en asesoramiento fiscal internacional, es el testigo más destacado de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Erial y condujo a los investigadores hasta el dinero hallado en Suiza. Está especializado en crear redes opacas para ocultar patrimonios por todo el mundo.

Su declaración está prevista para este miércoles a partir de las doce de la mañana y es una de las más esperadas en este juicio. Las defensas solicitaron que declarara presencialmente en la sala, pero finalmente el tribunal autorizó a realizarla por videoconferencia.

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La declaración de Belhot en la fase de instrucción se produjo el 25 de enero de 2019, siete meses después de la detención del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana. En ella aseguró que Zaplana escondía 6,4 millones de euros en dos cuentas en Suiza.

Lo hizo a cambio de "inmunidad", algo que la ley permite, y de no figurar tampoco como investigado, según denunció la defensa de Zaplana. 

La declaración se realizó telemáticamente "para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia", justificó entonces el Ministerio Publico. El exdirigente del PP ha negado todos estos años que el dinero al que alude sea suyo

El recorrido por la trayectoria de Belhot es un viaje por las cloacas de medio mundo. Su supuesta implicación en los delitos que ahora se juzgan fue evidente desde que comenzó la investigación.

Los meses previos a la detención de Zaplana, la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y grabó un encuentro entre el político y el abogado en el hotel Wellington de Madrid.

El apellido Belhot ha aparecido en diversas investigaciones judiciales, tanto internacionales como en España. También está vinculado a despachos fundados en Montevideo, como BGL Asesores Legales Fiscales y South Capital Partners.

Además, Belhot participó en el escándalo de Odebrecht, la mayor trama corrupta de Latinoamérica, y la Banca Andorrana lleva años siguiéndole la pista.

Zaplana declara en el juicio del caso Erial. EFE / BIEL ALIÑO

De González a Zaplana

Su primera declaración en una investigación contra la corrupción en España fue en el marco de las diligencias del caso Lezo, la causa que afectó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) -se enfrenta a 18 años de prisión por estos hechos-.

Belhot declaró en abril de 2017 por este caso y afirmó que Zaplana nunca fue su cliente personal ni de su empresa.

"Nunca me solicitó el servicio indicado, ni ningún otro, y nunca le facilitamos la constitución o venta de una estructura societaria ni en España ni en el extranjero", manifestó en un escrito presentado al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

No obstante, a continuación puntualizó que ofreció tanto a González como a Zaplana un negocio de asesoramiento que finalmente no se llevó a cabo, según su versión.

Este negocio consistía en ceder a los dos el 25% de las cuotas en la empresa South Capital Participaciones SL, la filial de su despacho con la que operaba en España y Portugal, por comercializar unos productos de origen biotecnológicos para la depuración de aguas.

"A Zaplana le ofrecí, también para el caso de que se captasen clientes y se lograra el éxito en el negocio, el 25% de las participaciones sociales de la misma sociedad antes indicada. Pero de nuevo nunca se llevó al efecto al no prosperar el citado negocio".

Según la versión que dio entonces, Zaplana "insistió en que la sociedad a constituir para la comercialización de productos y sobre la que se le iba a conceder un 25% de participaciones sociales, debía ser una sociedad de nueva creación sin actividad previa o en su defecto estar completamente saneada".

"Nunca se le cedieron participaciones, no efectuó ninguna aportación y nunca se ejecutó la actividad empresarial", manifestó por escrito, según aparece en el sumario.

Nueva versión

Sin embargo, en su declaración de 2019 ante el juzgado de Instrucción 8 de Valencia, el encargado de instruir el caso Erial, dijo que "Zaplana me pide que administre fiduciarimente los fondos de esos activos financieros".

Este cambio de versión es una de las bazas de la defensa para atacar el testimonio. La estrategia de los abogados del que fuera líder del PP en la Comunitat Valenciana pasa por atribuir el testimonio al interés que pueda tener Belhot para que no se sigan investigando sus negocios.

Los dos se conocieron sobre el año 2009. "Me lo presentan como una persona de gran influencia en ese momento en el sector público, pero también privado, si bien me dicen que ya hacía años que había dejado su actividad política porque había sido presidente de la Comunidad de Valencia entre el año 95 y el año 2000".

El acuerdo entre ambos era verbal y de "confianza", por lo que el nombre de Eduardo Zaplana no aparece en ningún documento, el principal argumento que usa su defensa para introducir dudas en el juicio.

Imagen de la reunión captada por la Guardia Civil e incluida en el sumario.

"Nuestra actividad como asesores fiscales internacionales requería, entre otras de las cosas, mucha confidencialidad en el trato con los clientes. En general buscan tener confidencialidad porque son temas muy íntimos o muy delicados".

Según su testimonio, el negocio que impulsa este abogado "está basado 100% en la confianza entre el profesional y el cliente".

"Tanto es así que, si no existe confianza, puede haber toda la reglamentación o la contratación del negocio que exista, pero no hay una relación profesional. Es decir, quien va a contratar con un profesional en el área fiduciaria y la administración de patrimonio necesariamente tiene que confiar en él como profesional, pero también como persona", matizó.

En su declaración explicó que "la figura del fiduciario es una figura por la cual básicamente, para hacerlo muy sencillo, se actúa por otra persona actuando en nombre y representación".

"Pero, en muchos casos o en algunos casos, se hace en forma de un contrato o un negocio verbal a los efectos de mantener la plena confidencialidad", como sería el caso de Zaplana.

Esta nueva declaración le permitió pasar de investigado a testigo en esta causa. La defensa trata de desactivar en el juicio su testimonio.

"Solamente quiero agradecerle la oportunidad que me han dado de poder hablar y demostrar que mi afán es colaborar con la Justicia española", dijo tras ser interrogado.

No obstante, la Audiencia de Valencia ya rechazó anular su declaración en la fase de instrucción.

Odebrecht

En 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, se negoció el retorno de Odebrecht al Ecuador después de que la empresa fuera expulsada en 2008 debido a problemas en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco.

La negociación implicó a funcionarios, el fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto con ejecutivos de la empresa. 

El convenio permitió el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a cambio de sobornos. La empresa se comprometió a reparar las fallas en San Francisco y pagar 20 millones de dólares en indemnización al Estado.

Según publicó la prensa uruguaya en 2020, Fernando Belhot ofreció sus servicios legales a varios implicados en el escándalo y puso a una de sus empresas panameñas, Vansley SA, al servicio de todas estas maniobras. 

Los investigadores también lo relacionaron con operaciones financieras oscuras conectadas a Odebrecht y a la constructora brasileña OAS.

Belhot declarará ante el tribunal de Valencia después de que varios acusados, entre ellos Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana, o los Cotino, una familia imprescindible para entender la política valenciana de los últimos 30 años, hayan dejado solo al exministro en su defensa.

Joaquín Barceló llega a la Audiencia de Valencia para declarar. EFE / BIEL ALIÑO

Estos acusados han declarado que Zaplana habría cobrado comisiones a cambio del supuesto amaño del concurso para privatizar las ITV y la adjudicación del Plan Eólico valenciano. 

Se enfrenta a 19 años de prisión y su defensa pide la libre absolución.